Nueva ley que promete digitalizar 80% de trámites, pone en riesgo controles anticorrupción, peligro

La iniciativa de ley busca reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites, pero podría afectar la transparencia y la calidad regulatoria, comprometiendo la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

México Evalúa y Coparmex organizaron un evento virtual con expertos en mejora regulatoria y digitalización para analizar la propuesta de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB).

Si bien ambas organizaciones reconocen el esfuerzo del Gobierno por simplificar procesos administrativos, advierten que, si no se mejora su diseño, la iniciativa podría comprometer la transparencia, la calidad regulatoria y la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.

En 2023, las MiPymes invirtieron en promedio 500 horas anuales en trámites, y sólo el 16.2% de estos se realizó en línea, de acuerdo al aporte de México Evalúa en la última edición del Índice de Burocracia en Iberoamérica.

La propuesta de ley —que se votará en periodo extraordinario, sin parlamento abierto— promete reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites mediante herramientas como la “Llave Mx” (identidad digital única). T

ambién plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales. En teoría, estos avances permitirían reducir la corrupción y cerrar brechas.

Sin embargo, expertos alertan que, sin rediseñar primero los trámites existentes, la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales. Al respecto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien colaboró en el proceso de digitalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), compartió el principal aprendizaje de esa experiencia: “No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios.”

Riesgos regulatorios y falta de participación ciudadana. El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas. Por ello, una de las principales preocupaciones es que la ley contempla demasiadas excepciones a la aplicación del AIR incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le eliminara. Además, para el tema de las consultas públicas, se subraya la necesidad de involucrar a organismos ciudadanos para que ayuden a fortalecer el diseño de normas.

“150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, es un reto enorme; la mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario”, señaló Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex.

También se cuestiona la centralización de competencias en una sola dependencia federal, la desaparición de los consejos locales de mejora regulatoria y del observatorio ciudadano, así como la falta de mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento. Esto podría limitar la transparencia, debilitar los contrapesos y reducir la autonomía de estados y municipios.

Brecha digital y ciberseguridad: retos pendientes. El proyecto no aborda de manera precisa el rezago tecnológico de municipios con baja conectividad ni la exclusión de grupos vulnerables. La implementación sin inversión en infraestructura y alfabetización digital podría profundizar las desigualdades.

Además, pese a que México concentra el 55 % de los ciberataques dirigidos a América Latina —según expresó Sissi de la Peña, directora de la Academia Mexicana de Ciberseguridad—, la iniciativa carece de un marco que garantice, desde la ley, los derechos digitales en vez de delegar estas acciones a normas o estrategias, es decir, ordenamientos de menor fuerza jurídica.

Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora en México Evalúa, advirtió que para lograr una transformación legítima es indispensable que la aplicación de la ley esté alineada con las mejores prácticas internacionales, ya que en el fondo está en juego la capacidad del Estado para generar confianza entre ciudadanía y gobierno.

Finalmente, Jorge A. Ortiz, Consultor Senior en The FinTech Hub, destaca la oportunidad para aprovechar experiencias e involucrar al sector privado como un aliado para soluciones en el manejo de la información.

Recomendaciones clave para una digitalización incluyente y efectiva: Aplicar modelos probados de digitalización para facilitar el cumplimiento ciudadano y empresarial.

Asegurar un presupuesto transexenal que garantice la continuidad del proyecto.

Limitar las excepciones al AIR. Restaurar procesos de participación ciudadana más amplios para recabar opiniones y sugerencias de las partes interesadas en la construcción de regulaciones.

Preservar la autonomía local con recursos y capacidad de acción. Evaluar y rediseñar trámites antes de digitalizarlos. Invertir en infraestructura y alfabetización digital.

Fortalecer la protección de datos personales y derechos digitales desde la ley.

Preservar los mecanismos de generación de estadísticas e indicadores públicos de seguimiento y evaluación bajo criterios técnicos e imparciales.