Nuestra OSC frente a las acciones de la Ley Anti lavado en México

Desde la sociedad civil organizada reiteramos nuestra disposición para colaborar en la construcción de un marco normativo que prevenga el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.

Al mismo tiempo, consideramos fundamental atender los efectos adversos que la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) está generando en el sector, ya que compromete y pone en riesgo nuestra existencia.

Desde el año 2000, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo en el que los Estados participan con el fin de establecer reglas para el combate en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En este marco, la recomendación del GAFI es especialmente relevante para nuestro sector, pues establece que los Estados deben proteger a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de ser utilizadas para fines ilícitos asociados con el terrorismo o el lavado de dinero, asegurando al mismo tiempo que las regulaciones no obstaculicen nuestra legítima labor.

Contrario a lo anterior, en México la actual aplicación de la Ley Antilavado impone a las OSC una serie de requisitos administrativos, financieros y económicos que no se ajustan a nuestra realidad y no se corresponden con nuestra naturaleza ni con nuestras capacidades operativas.

Las OSC no generamos lucro, nuestra labor responde a una vocación social y está sustentada por recursos que provienen, en su mayoría, de la filantropía y la cooperación internacional, con fines específicos y temporales en temas como salud, educación, justicia, medio ambiente y derechos humanos.

La imposición de sanciones económicas elevadas ante supuestos incumplimientos —sin diferenciar entre entidades lucrativas y no lucrativas— coloca a las OSC en una situación de alta vulnerabilidad legal y financiera.

Equiparar nuestro trabajo con el de entidades comerciales como un banco, un casino o una empresa pone en riesgo nuestra existencia y limita gravemente nuestra capacidad de acción frente a los problemas que buscamos resolver.

Aunque en 2023 la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), autoridad encargada de monitorear la Ley Antilavado, clasificó al 99.93% de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre ellas las ONG, con riesgo bajo, esta misma autoridad ha aplicado la Ley de manera generalizada, generando impactos desproporcionados.

El enfoque punitivo, la falta de proporcionalidad y la ausencia de diferenciación han derivado en procedimientos inadecuados y efectos de discriminación indirecta para nuestro sector, lo que contraviene el espíritu de la recomendación 8 del GAFI, que llama a establecer medidas proporcionales y enfocadas para prevenir y mitigar riesgos reales, sin obstaculizar la labor legítima de personas que nos organizamos para la promoción y defensa de derechos humanos.

Por otra parte, desde las organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación con el paquete de reformas presentadas el 31 de octubre de 2024 a la Ley Antilavado, Ley de Amparo y al Código Penal Federal que continúan sin incorporar medidas proporcionales y enfocadas al riesgo bajo que representamos como OSFL y nos colocan al mismo nivel que actores de “riesgo alto”, además de igualarnos a partidos políticos, sindicatos o asociaciones religiosas y se imponen nuevas obligaciones[8] que tienen un alto costo en recursos humanos y financieros que, en nuestro caso, son escasos y etiquetados para el cumplimiento de nuestro objeto social.

Frente a la próxima evaluación que realizará el GAFI a México este año, para la revisión del marco legal y de la aplicación de la Ley Antilavado, representa un momento crucial y es clave para abrir el diálogo, a través de foros, mesas de trabajo, parlamento abierto y otros espacios, no sólo entre OSC, sino también con actores estatales. Queremos aportar nuestras propuestas e inquietudes que visibilicen el impacto diferenciado que tiene en nosotras esta Ley, así como también para contribuir en la construcción de una regulación en materia antilavado con una mirada preventiva, proporcional y enfocada al nivel de riesgo al que estamos expuestas como OSC.

Reconocemos la importancia de contar con un marco legal para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, sin embargo, este objetivo no debe alcanzarse a costa de limitar derechos fundamentales ni debilitar el tejido social que las organizaciones construimos día a día.

Para garantizar una sociedad democrática y participativa, es urgente revisar la Ley Antilavado desde una lógica de colaboración, proporcionalidad y enfoque diferenciado, que proteja el derecho a la libertad de asociación y fortalezca el espacio cívico.

Estamos convencidas de que, con apertura y voluntad política, es posible avanzar hacia una regulación más justa, efectiva y respetuosa del papel que las OSC desempeñamos en la vida pública del país.