No basta con dar de baja al Director penal Santa Martha; se debe consignar a 3 muertos

Tras la riña de ayer en el penal de Santa Martha que dejó tres muertos, el PAN consideró que esta situación es una muestra de la falta de capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales con tareas de custodia dentro de los centros penitenciarios en la capital. Los diputados panistas Gonzalo Espina Miranda, Luis Chávez García, Héctor Barrera Marmolejo y Aníbal Cañez Morales, así como los diputados federales Héctor Saúl Téllez Hernández y Jorge Triana Tena, celebraron la destitución del director del penal, pero no basta con eso. Recordaron situaciones de alerta similares con Hazael Ruíz Ortega, a quien se le fugó el narcotraficante “El Vic”, del Reclusorio Sur. “Despidieron al director del penal, pero nadie se quedó en la cárcel, en este caso, queremos que se investigue quién fue la persona que incitó el motín y en caso, de haber alguna omisión o responsabilidad, del director o de custodios, deben ser consignados ante la justicia por parte de la Fiscalía”. Los panistas recordaron que, derivado de las reformas, en donde se le traslado la responsabilidad de los centros penitenciarios capitalinos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en noviembre del 2021, el diputado Aníbal Cañez, exhortó a la SSC CDMX, para ejecutar medidas presupuestales y llevar a cabo un programa integral de acreditación, capacitación y certificación del personal que labora en las prisiones locales. Sin embargo, la propuesta del PAN se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo y es fecha que no se ha dictaminado por MORENA. Espina, Chávez, Barrera, Cañez, Téllez Hernández y Triana, indicaron que con buena capacitación de los cuerpos de seguridad en general, se pueden evitar este tipo de situaciones, así como momentos que en ponen en peligro la integridad e incluso vida de terceros como sucedió hace unos días en Iztapalapa durante un operativo y un representante de los medios de comunicación fue sometido a una “llave china”. El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezca su reinserción social y familiar, a la seguridad, respeto de su integridad física y mental, a una vida libre de violencia, a no ser torturadas no víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y a tener contacto con su familia. En este contexto, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales descritos, entre los que se encuentran el derecho a la reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como el derecho a la seguridad ciudadana. El personal penitenciario acoge a su cargo a personas que han sido legítimamente privadas de su libertad. Tienen la responsabilidad de retenerlas en condiciones de seguridad y más adelante, en la mayoría de los casos, liberarlas de nuevo para que regresen a la comunidad. Esta función entraña llevar a cabo tareas sumamente exigentes y estresantes en nombre de la sociedad y, a pesar de ello, en muchos países los funcionarios de prisiones están mal capacitados, mal pagados y no siempre gozan del respeto de la opinión pública.