No al complejo militar en Chapultepec la expansión patrimonial de FFAA debe frenarse poder político Fuerzas Armadas

Desde México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y el Colectivo #SeguridadSinGuerra rechazamos el proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para construir un complejo militar en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con una inversión estimada de 1,658 millones de pesos y una superficie de 55,624 metros cuadrados.

El proyecto, que aún requiere autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), contempla un Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como un Centro Nacional de Historia Militar, y representa una nueva forma de la expansión presupuestaria y patrimonial de las Fuerzas Armadas. Se trata de un ejercicio con la intención de normalizar el proceso de militarización nacional, que debe ser frenado.

La construcción de este complejo no puede analizarse como un proyecto aislado, sino que se suma a un proceso sostenido de ampliación de los recursos, funciones, infraestructura y patrimonio bajo control de las Fuerzas Armadas que, en su conjunto, ha fortalecido el poder simbólico, político y económico de estas instituciones, en detrimento directo del carácter civil de nuestras instituciones.

Una de las formas más directas del empoderamiento de las FFAA es precisamente la relacionada con el ejercicio y control cada vez mayor de dinero e infraestructura pública: la tercera edición de la investigación

El Negocio de la Militarización documenta que el gasto efectivamente ejercido por las Fuerzas Armadas puede superar de manera importante lo aprobado originalmente por el Congreso. Por ejemplo, sólo en 2024, la Sedena registró un sobreejercicio de 111% en su gasto neto ejercido.

A esta expansión presupuestaria se suma una creciente participación de las Fuerzas Armadas en la administración de empresas, infraestructura y fideicomisos.

El incremento del patrimonio de estas corporaciones no sólo es preocupante por la misma acumulación de poder económico, sino también por la falta de mecanismos democráticos para dar cuenta del uso adecuado de estos recursos.

En este contexto, es injustificable destinar 1,658 millones de pesos de recursos públicos a una nueva infraestructura militar mientras persisten necesidades sociales y de seguridad que requieren atención presupuestaria, por ejemplo, presupuesto para la localización y búsqueda de personas desaparecidas o para el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia. La discusión no debe limitarse a si existe capacidad financiera para construir el complejo, sino a qué prioridades debe atender el presupuesto público y bajo qué controles civiles se decide su asignación y ejercicio.

En lugar de seguir ampliando el patrimonio y los recursos públicos bajo control de las Fuerzas Armadas, consideramos indispensable fortalecer los controles civiles sobre el presupuesto que actualmente administran, creando mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización y rendición de cuentas que garanticen que los recursos millonarios que ya reciben se ejercen conforme a lo aprobado y bajo control civil: entre 2006 y 2026 el presupuesto de Sedena creció a una tasa anual promedio de 7.9%, frente a 3.4% del gasto federal total, según hallazgos de la tercera edición de El Negocio de la Militarización.

Rechazamos la construcción de este museo porque pretende convertir la militarización en cultura y la expansión castrense en la normalidad de la sociedad mexicana, en un contexto de violencia armada extrema.

Financiar con recursos públicos un espacio de exaltación de las Fuerzas Armadas profundiza su poder simbólico y social, en lugar de fortalecer instituciones civiles, una cultura de paz y no violencia y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.

Adicionalmente, el proyecto plantea una preocupación ambiental: pretende intervenir 55,624 metros cuadrados de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, una superficie que actualmente tiene más del 70% cubierta por árboles y que es reconocida como Área de Valor Ambiental, de acuerdo con su Programa de Manejo Ambiental.

La obra tendría una duración estimada de 36 meses e incluiría, entre otras instalaciones, estacionamientos con capacidad para 447 automóviles y ocho autobuses, según fuentes periodísticas.

La magnitud de la intervención obliga a aplicar el principio de prevención y a priorizar la protección de un espacio que presta servicios ambientales fundamentales para la ciudad.

Este complejo es innecesario. Llamamos a la Sedema a no autorizar el proyecto y al Gobierno Federal a revalorar el uso más eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sociales, de seguridad y derechos ambientales de la población.

Asimismo, llamamos a dejar de ampliar el poder económico, patrimonial y político de las instituciones militares y a fortalecer los controles civiles sobre sus recursos.

La expansión sostenida de las Fuerzas Armadas, documentada por organizaciones civiles y en las tres ediciones de El Negocio de la Militarización, no puede desvincularse del equilibrio democrático: un Estado democrático requiere instituciones militares sujetas a controles civiles efectivos y límites claros a la concentración de recursos, funciones y patrimonio.