Necesario evaluar programas sociales GOBCDMX, para reducir desigualdad

EDMUNDO OLIVARES ALCALA.  

La pobreza de ingreso ha disminuido, pero la pobreza extrema ha aumentado, lo que resalta la necesidad de un enfoque más integral que incluya no solo transferencias monetarias, sino también la provisión de servicios de calidad.

La desigualdad en la Ciudad de México se manifiesta a través de las desigualdades socio territoriales, debe mantenerse bajo el principio de “ayudar más a quien más lo necesita”, pero siempre con mecanismos de evaluación que permitan mejorarla.

La pobreza extrema afecta a 1.7 millones de capitalinos, y los programas sociales no han sido un mecanismo para contener desigualdades, porque no han logrado resolverlas completamente, como premunen los políticos del partido en el poder y sus aliados.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, presentó ante el pleno un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades capitalinas a auditar el desempeño de los programas sociales, con el objetivo de evaluar su eficacia, eficiencia y su impacto real en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Durante su intervención en tribuna, Atayde subrayó la responsabilidad ética del Estado con las personas que dependen de la política social, destacando que esta debe mantenerse bajo el principio de “ayudar más a quien más lo necesita”, pero siempre con mecanismos de evaluación que permitan mejorarla.

 El legislador panista señaló que, durante años, el éxito de los programas sociales se ha medido únicamente por la cantidad de apoyos entregados o el presupuesto ejercido, lo cual calificó como un error. En ese sentido, planteó una pregunta central: si realmente se está reduciendo la desigualdad o simplemente administrando la carencia.

 Asimismo, recordó que la Constitución de la Ciudad de México establece el principio de progresividad en la política social, el cual —dijo— no debe medirse solo en cobertura, sino en resultados concretos que permitan a las personas mejorar su calidad de vida y alcanzar autonomía.

 Atayde enfatizó que no basta con destinar mayores recursos si no se garantiza un uso eficiente, comparando esta situación con “ensanchar tuberías sin atender las fugas”. Por ello, su propuesta plantea transitar de la revisión del gasto a la evaluación del impacto.

 El Punto de Acuerdo propone que instancias como la Secretaría de Bienestar, la Contraloría y la Auditoría Superior asuman plenamente su papel en la evaluación del desempeño, mediante auditorías, indicadores claros y mecanismos que permitan conocer si el gasto público realmente transforma vidas.

El Coordinador del GPPAN también aclaró que fiscalizar los programas sociales no implica estar en contra de ellos, sino fortalecerlos y proteger a las personas beneficiarias, asegurando que cada recurso contribuya a generar movilidad social.

 Finalmente, el Diputado reiteró la necesidad de evaluar todas las políticas públicas para obtener mejores resultados, privilegiando la efectividad sobre el gasto, al advertir que una política social que no se evalúa “le está fallando a la gente”.