Necesario brindar atención integral a grupos vulnerables, no discriminarlos

Con el propósito de promover la justicia social, la equidad y la inclusión, asegurando que todas las personas tengan acceso a condiciones dignas de trabajo, salud, vivienda y educación, especialmente los grupos vulnerables, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para que en la Ley General de Desarrollo Social se considere la atención integral de estos grupos a través de programas, políticas y presupuesto, para brindar servicios, oportunidades laborales, educativas, de salud o de vivienda a personas en situación de movilidad humana, desplazamiento, vulnerabilidad, exclusión, discriminación y marginación, independientemente de su nacionalidad, estatus migratorio o condición de refugio.

Señaló que en nuestro país se reconocen derechos sociales y humanos, incluyendo la libertad de tránsito, la no discriminación, la protección de la unidad familiar, acceso a la justicia, a la salud y a la educación, entre otros, sin embargo, las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad han sufrido exclusión, discriminación, marginación, movilidad o el desplazamiento, por lo que requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

Subrayó que uno de los grupos más vulnerables y discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por el territorio, así como las personas migrantes en retorno desde Estados Unidos, además de que, en ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.

Lamentó que las personas en situación de vulnerabilidad comparten problemas derivados de la discriminación estructural, como la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, detenciones arbitrarias, falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como salarios inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.

En este sentido, insistió en que se debe garantizar que, toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tenga el derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, por lo que con su propuesta se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las personas, familias y grupos en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, desplazamiento y movilidad que no se les discrimine una vez estando en suelo mexicano.

Por ello, detalló que los municipios, las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, deben formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias, grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.