México tiene leyes, protocolos registros lo que falta, buscar y encontrar a las personas desaparecidas en todo México

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………….

En México hace falta voluntad política y actuar en contra las bandas delictivas que se han dedicado a llevarse a nuestros niños, adolescentes y dar muerte a los adultos, porque la existencia de un registro no encuentra a una persona; la apertura de un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple.

Lo anterior fue manifestado por las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quienes dieron a conocer que el 11 de mayo de 2026, la CIDH publicó 40 recomendaciones. El 19 de marzo, el Comité de la ONU adoptó una decisión en virtud del artículo 34.

Necesitamos pasar de administrar la crisis a erradicarla; de registrar desapariciones a impedir que ocurran; de escuchar a las familias a construir con ellas las decisiones que les afectan.

México necesita pasar de los diagnósticos a resultados concretos: prevención efectiva, búsqueda oportuna, investigación eficaz, identificación digna, justicia sin dilaciones y verdad para las familias.

Este 30 de agosto, las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México volvemos a colocar en el centro a quienes nunca debieron desaparecer. Durante años nos hemos organizado para buscarles y transformar las instituciones. Exigir y construir no son caminos opuestos. Nuestra exigencia nace de la ausencia; nuestra participación se sostiene en la experiencia acumulada.

Este es un llamado al Estado, a la sociedad y a la comunidad internacional: queremos encontrarles, identificarles, saber la verdad y que vuelvan a casa. Quienes desaparecen son mujeres y hombres, niñas, niños y jóvenes; personas migrantes; personas de la diversidad sexual y de género; defensoras, periodistas y muchas más. Y quienes buscamos somos madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos, parejas, abuelas, abuelos, familias elegidas y comunidades enteras. No buscamos números. Buscamos personas.

México cuenta con un marco jurídico e institucional que las familias impulsamos. Reconocemos los avances, pero exigimos que funcionen. Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple.

Estos desafíos han sido documentados tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas: ambas instancias internacionales recogen años de búsqueda, documentación y participación de familias y colectivos.

El 11 de mayo de 2026, la CIDH publicó su informe “Desapariciones en México” con 40 recomendaciones. Reconoce el esfuerzo de familias y colectivos, pero señala retos persistentes: respuestas tardías, investigaciones fragmentadas, impunidad, crisis de identificación, riesgos para quienes buscan y falta de participación efectiva de las familias.

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas adoptó el 19 de marzo de 2026 una decisión en virtud del artículo 34 de la Convención. El Secretario General la transmitió a la Asamblea General mediante la nota A/80/737.

Esta ruta no debe reducirse a una controversia política o diplomática ni minimizarse. Es una nueva oportunidad de fortalecer las capacidades nacionales mediante cooperación técnica y forense, búsqueda, verdad y protección a las familias.

El Estado mexicano no debe enfocarse en las diferencias entre instituciones ni en las controversias entre gobiernos. El centro son las personas desaparecidas, quienes las buscan, la verdad y la justicia, así como la protección de todas las personas y de nuestros derechos.

Después de años de diagnósticos, necesitamos acciones que cambien la realidad. Exigimos prevención efectiva que enfrente las condiciones que generan desapariciones.

Exigimos búsqueda oportuna e inmediata, activada desde las primeras horas, sin dilaciones, disputas de competencia ni estigmatizaciones que revictimicen y retrasen la búsqueda.

Exigimos investigación efectiva, articulada con la búsqueda, que esclarezca los hechos y combata la impunidad. Exigimos identificación digna y con certeza científica, para que las personas recuperen su nombre e identidad y regresen dignamente a sus familias.

Exigimos justicia que no llegue tarde, porque la espera profundiza el daño. Exigimos verdad para las familias y para México, con participación efectiva de quienes hemos buscado y documentado durante años.

Este es un llamado al Estado mexicano: a todas sus autoridades federales, estatales y municipales; fiscalías; comisiones de búsqueda; instituciones forenses; poderes judiciales.

La obligación principal corresponde al Estado, pero la desaparición interpela también a la sociedad: a sus comunidades, universidades, organizaciones, iglesias, medios de comunicación y a todas las familias de México. Ninguna desaparición debe volverse normal. Ninguna familia debería buscar sola a quien ama.

Basta de normalizar que las familias tengamos que asumir tareas de búsqueda que corresponden al Estado. Buscar, denunciar y exigir verdad y justicia no puede significar poner en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias.

Este 29 de agosto, nuestra compañera Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba con integrantes de su familia. Alma Rosa y una de sus hijas resultaron heridas. Exigimos una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre esta agresión.

Lo ocurrido vuelve urgente una exigencia que las familias hemos sostenido durante años: buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a quienes la realizan a nuevas violencias. El Estado debe garantizar la vida, la integridad y el derecho de las familias a participar en la búsqueda y exigir justicia sin miedo.

Hacemos también un llamado a la comunidad internacional: a embajadas, a Naciones Unidas, al Sistema Interamericano y a los Estados que participan en la Asamblea General, para que esta etapa contribuya a producir resultados concretos para quienes faltan y para quienes les buscamos.

Necesitamos pasar de administrar la crisis a erradicarla; de registrar desapariciones a impedir que ocurran; de recibir denuncias a buscar de inmediato; de abrir expedientes a investigar y sancionar; de localizar a identificar con certeza y dignidad; de una justicia tardía a una justicia efectiva; del silencio a la verdad; y de escuchar a las familias a construir con ellas las decisiones que les afectan.

No buscamos cifras. Buscamos personas. Queremos encontrarles. Queremos saber la verdad. Queremos justicia. Queremos que vuelvan a casa.

Porque detrás de cada registro existe una persona. Porque detrás de cada persona hay quienes la aman, la esperan y la buscan. Porque mientras exista una persona desaparecida, México tiene una obligación pendiente.