México más inseguro y violento

. BLAS A. BUENDÍA. …………………………………..

Si bien la Secretaría de Marina ha revelado que los municipios más violentos del país se encuentran en estados del norte, bajío y costa del Pacífico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó también el otro lado de la moneda resaltando las ciudades con menor percepción de inseguridad.

Sobresalen, a nivel federal, San Pedro Garza García, Nuevo León; alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México; Los Cabos y La Paz, Baja California Sur; San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y Saltillo, Coahuila; en tanto que los municipios con el porcentaje de población que siente mayor inseguridad fueron Fresnillo, Zacatecas; Ciudad Obregón, Sonora; Irapuato, Guanajuato; Coatzacoalcos, Veracruz; Naucalpan, Estado de México, y la ciudad de Zacatecas.

Tijuana, por ejemplo, encabeza la lista con 749 homicidios dolosos registrados de enero a mayo de este año, siguiéndole Ciudad Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; Cajeme, Sonora; Acapulco, Guerrero; Fresnillo, Zacatecas; Guadalajara, Jalisco; Chihuahua, Chihuahua; Ensenada, Baja California; y, Celaya, Guanajuato.

En su análisis Así es el Derecho, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, consideró que desde hace varios años, la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, dado que “día a día nos enteramos de la comisión de delitos e incluso llegamos a ser víctimas de ellos”.

Debido a ello, indicó, provocó que el año pasado México fuera percibido como más inseguro y violento que otros, pues, según datos del INEGI, a escala nacional, en diciembre de 2022, 64.2% de la población de 18 años y más, consideró inseguro vivir en su ciudad. Durante diciembre de 2022, 69.9% de las mujeres y 57.4% de los varones, consideraron que es inseguro vivir en su localidad.

Aparejado a lo anterior, el Jurisconsulto precisó que en los últimos años se ha concluido que las motocicletas han pasado de medio de transporte común a motivo de miedo y desconfianza para los ciudadanos promedio, toda vez que “vemos cómo crece la tendencia a usarlas para delinquir porque son fáciles de adquirir y permiten al delincuente huir con mayor facilidad, sobre todo en ciudades como en la capital de la República, donde suele haber tránsito lento por congestionamiento de vías”.

Si bien se han implementado operativos y protocolos contra el uso de este medio de transporte como instrumento para delinquir, la sociedad percibe que aún no se tienen acciones concretas que prevean su empleo antisocial, como podría ser la obligación de portar el número de placa en la parte posterior de casco y chaleco obligatorios de usar, así como prohibir un pasajero además del conductor, medidas que en las décadas de los 80’s y 90’s, fueron útiles en Colombia para contrarrestar robos y ejecuciones.

Asimismo, el magistrado Élfego Bautista, subrayó: “Aunque las medidas puedan considerarse restrictivas y posibles perjuicios para los usuarios de esos vehículos, el Estado está obligado a proporcionar seguridad, y para ello, más allá de la persecución del delito, se debe instrumentar acciones concretas que eviten a toda costa la comisión de ilícitos mediante esos artefactos, que también lesionan la tranquilidad de las personas y ponen en riesgo la estabilidad y desarrollo del país”.

La delincuencia —dijo— es un problema complejo, provocado por factores económicos, sociales, demográficos, incluso sicológicos y educativos, por lo que combatirla hasta disminuirla y eliminarla requiere grandes esfuerzos por parte del Estado, eficacia para la persecución de infractores con esos vehículos y endurecimiento de las sanciones por actividades delictivas, educación, trabajo, oportunidades de desarrollo e incluso inculcar valores en la sociedad, lo que no es tarea fácil por la disgregación de la familia, pero se deben hacer todos los esfuerzos para consumar esa tarea.

Titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Élfego Bautista Pardo reconoció: “El Estado está obligado a proporcionar seguridad, pues ésta es un derecho humano incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en el país, por mandato constitucional, es función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, por lo que todas las instituciones encargadas de proporcionarla son responsables ante la ciudadanía por la percepción de inseguridad y las consecuencias económicas y sociales de la misma”.

Y concluye: “La seguridad debe ser prioridad impostergable, toda vez que los programas sociales, los apoyos económicos, las becas, incluso oportunidades de estudio o laborales, son insuficientes si los ciudadanos no pueden vivir su día a día con tranquilidad en su casa, en su trabajo o caminando por su ciudad, disfrutando sus derechos y libertades sin mayor restricción que la impuesta por la dignidad y los derechos de sus pares”.