México debe contar con un Estado derecho que dé seguridad a niñas y mujeres en entornos digitales

La senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa subrayó que México debe tener un Estado de derecho fuerte que garantice a las mujeres seguridad y protección para que no “sientan miedo” ni “callen” en los espacios digitales, como el Internet y las redes sociales, sino que, al contrario, puedan sentir la libertad de crear en esos entornos.

En el foro “Entornos Digitales Seguros para Mujeres y Niñas”, la legisladora detalló que el 20.9 por ciento de los usuarios de Internet de 12 años o más en México fue objeto de ciberacoso en 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de esos usuarios, 22 por ciento fueron mujeres, cifra que subió a 30.7 por ciento entre las mexicanas de 20 a 30 años.

Esto, subrayó Chavira de la Rosa, “no es producto de la nada”, sino que forma parte de la violencia que viven las mujeres, en este caso en el entorno digital, de las desigualdades estructurales y de una cultura que “pretende disciplinarlas mediante el miedo”, para que tengan que bloquear o cerrar sus cuentas de redes sociales y autocensurarse por miedo al acoso y a la humillación.

Ante ello, la senadora defendió la urgencia de fortalecer las legislaciones y dar respuestas concretas en contra de la intimidación sexual, a través de la filtración en Internet de imágenes, videos o audios, la manipulación de fotos con Inteligencia Artificial o el ciberacoso.

“Al Estado nos toca lo más importante: no llegar tarde, que ninguna mujer tenga que elegir entre callarse o ser humillada, que ningún adolescente crea que la violencia es el precio de estar conectada, que ninguna niña aprenda a tener miedo”, enfatizó.

Miriam Soto Domínguez, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, agregó que contar con entornos digitales seguros implica asumir la responsabilidad institucional y social de generar condiciones que garanticen la dignidad, la privacidad y la seguridad de todas las personas.

“El actuar institucional no se puede limitar a reaccionar posterior al daño, sino que debe construirse preventivamente desde la educación, la concientización y el fortalecimiento de capacidades institucionales; solo a través de un enfoque integral podremos avanzar hacia espacios digitales que no reproduzcan las violencias, sino que contribuyan a erradicarlas”, enfatizó.

Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, planteó que el marco normativo no sólo debe tipificar los delitos cibernéticos, sino que también deben crearse leyes que ordenen la remoción inmediata de contenidos como fake news o nudes para evitar que se revictimice a quienes afecte.

Por otra parte, llamó a “tener claro” la gravedad y la urgencia de combatir modalidades de acoso como el grooming, con el que un adulto gana la confianza de un menor a través de engaños con fines sexuales, lo cual representa no sólo una forma de violencia digital, sino también implica un proceso psicológico para la victima

La diputada local del estado de Oaxaca, Jimena Yamil Arroyo Juárez, alertó que en esa entidad ha ido en aumento el reclutamiento de menores de edad para actividades criminales a través de las redes sociales, lo cual ha sido difícil de atajar, pues hace falta una cultura de educación de los entornos digitales al interior de las familias.

“Las plataformas digitales, como medio de consumo de contenido, son nuestra primera gran alerta, porque en este factor derivan innumerables áreas de oportunidad que requieren políticas urgentes y de vanguardia para proteger a los menores”, añadió

Andrés Ángel Aguilera Martínez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, destacó que los entornos digitales seguros para las mujeres y niñas son un asunto de Estado, por lo que la coordinación institucional efectiva es indispensable para que las autoridades cuenten con un marco normativo más robusto, con protocolos más rigurosos, “porque sin leyes que nombren la violencia digital con precisión, carecemos de instrumentos necesarios para combatirla”.

Agregó que legislar y juzgar con perspectiva de género en el ámbito digital no es una aspiración, sino la única forma en la que el Estado puede estar a la altura de los derechos que proclama proteger.

Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que el ciberacoso, la difusión no consentida del contenido íntimo, la violencia simbólica y las agresiones sistemáticas en plataformas digitales son retos urgentes que demandan respuestas firmes, coordinadas y con perspectiva de género.

En este sentido, consideró que, desde el ámbito judicial, las y los juzgadores están llamados a comprender la complejidad de estas nuevas formas de violencia, atender estos fenómenos con sensibilidad, conocimiento técnico y estricto apego a los derechos humanos.