Mujeres son secuestradas, violadas, sobajadas y en legítima defensa se logran defender para sobrevivir.

La gran batalla que enfrentamos las mujeres contra la violencia machista y el sistema patriarcal sigue persistiendo y todavía desde una visión tradicionalista que ha derivado en una grave revictimización.

Mujeres que han sido agredidas, amenazadas y que actuaron únicamente para salvar su propia vida o la de sus hijas e hijos, terminan siendo juzgadas y encarceladas.

Pero desde la investigación inicial, tendrían que llevar un proceso justo de origen, y no enfrentarse a un camino complicado y vinculatorio del que sea difícil lograr la absolución.

Y desde este contexto surgen historias de vida y de lucha para las mujeres, que algunas quedaran marcadas, aunque pase el tiempo.

Alina Mariel Narciso, Perteneciente a la policía municipal de Tijuana, fue atacada por su pareja, también policía, quien intentó asfixiarla y la amenazó con su arma de cargo. En el forcejeo, ella logró arrebatarle el arma y repelió la agresión. Por defenderse, fue condenada a 45 años de prisión. Pasó tres años privada de la libertad hasta que el Tribunal la absolvió al reconocer que actuó en legítima defensa.

Otro caso es el de Roxana Ruiz. Roxana, regresaba de vender papas fritas con su carrito hacia su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México, un joven al que asegura conocía de vista, se ofreció a acompañarla e insistió en que lo dejara quedarse a dormir porque vivía muy lejos.

Ella accedió a que entrara, pero, cuando estaba dormida, él la violó. Fue cuando despertó, enseguida él la amenazó con matarla si no dejaba que la siguiera agrediendo sexualmente, hasta que ella logro defenderse y lo asfixió con una camiseta, la vincularon a proceso, y la condenaron a 6 años de prisión por “exceso en la legítima defensa”. Ella misma lo dijo: “Si yo no me hubiera defendido sería yo la que estuviera muerta”.

La Fiscalía posteriormente reconoció que actuó en legítima defensa y se desistió la acción penal.

Otro caso que trascendió y se convirtió en una lucha continua por los derechos humanos, tras una exigencia jurídica con perspectiva de género es el de Yakiri Rubio.

Yakiri fue secuestrada por dos sujetos, llevada a un hotel en la colonia Doctores, golpeada y violada. En el forcejeo hirió a uno de sus agresores causándole la muerte. Fue encarcelada por homicidio y dos años después de una ardua lucha, fue absuelta por probarse la legítima defensa.

Tener una defensa es un derecho fundamental. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa defensa no comprende nuestra realidad o el juzgador decide analizar la teoría penal sin integrar la perspectiva de género? lamentablemente la justicia se llega a convertir en impunidad.

Para esas miles de mujeres cuyas historias han sido silenciadas en el encierro, exigimos un proceso judicial digno, que entienda y  sostenga  desde  el  primer segundo, lo inevitable: que defender la propia vida no es un delito.

Compañeras y Compañeros Legisladores. El objetivo de esta iniciativa es muy claro: Establecer la presunción de legítima defensa en casos de violencia de género y evitar la criminalización de mujeres que protegen su vida.

La finalidad es que las autoridades ministeriales y judiciales incorporen una perspectiva de género en la valoración de la conducta defensiva, atendiendo a la naturaleza progresiva y sistemática que puede caracterizar a la violencia contra las mujeres.

Con ello, se busca evitar decisiones sustentadas exclusivamente en una valoración aislada del momento de la agresión y garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por haber actuado, en circunstancias de peligro, para preservar su vida, integridad o libertad.