MNT pide a Jefa de Gobierno apoyos para rescatar al transporte público

Rezago tarifario de 15 años y pandemia los tienen al borde de la inanición al colectivo, mientras a taxistas, se le agrega el problema con aplicaciones extranjeras; hoy trabajan 60 mil taxis de 140 mil que eran antes de la pandemia; en el colectivo de 18 mil dejaron de laborar alrededor de 7 mil.

El Movimiento Nacional Transportista (anteriormente Taxista), exigió esta mañana frente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, trabajar de la mano con su administración para encontrar las condiciones que permitan rescatar de la crisis en que se encuentran a los concesionarios del transporte público concesionado de la capital, mediante piso parejo con aplicaciones, revisión de la tarifa en los servicios individual y colectivo y un programa de regularización de las concesiones para quienes no pudieron ponerse al corriente por la pandemia.

En una rueda de prensa frente a las oficinas de Gobierno de la Ciudad de México, dijeron a su titular que “el Movimiento Nacional Transportista, y el gremio en general, le ofrecemos y proponemos unir fuerzas, estrategias, medidas de contención y todo lo que sea necesario y posible, para que juntos hagamos historia y sentemos precedentes en la CDMX”.

Ignacio Rodríguez Mejía, nuevo presidente nacional del MNT destacó que acudieron a “solicitar a la Jefa de Gobierno un acercamiento real, comprometido, con ánimo de escuchar las causas reales de la precaria situación por la que pasamos, hacer un diagnóstico de nuestras propuestas con el objetivo de resolver las necesidades inmediatas y fijar un plan estratégico para el futuro”.

El dirigente explicó que “el desfase de la actualización de la tarifa tiene un rezago económico de 15 años”, además de falta de incremento en el taxi desde hace nueve años y en el colectivo (microbuses, autobuses de ruta y corredores y Metrobús) desde hace cinco.

La carencia de una tarifa acorde con la realidad económica del país (mantenimiento, insumos, incrementos en los combustibles) más el parón económico sufrido por la pandemia han propiciado que alrededor de 7 mil colectivos (de los 18 mil que eran hasta 2019) hayan dejado de prestar servicio, mientras que los mismos problemas, más la competencia ilegal de las aplicaciones, han quebrado a más de 80 mil taxistas y hoy sólo circulan 60 mil de 140 mil que eran.

Acompañado por la dirigencia del Movimiento Nacional Transportista en la Ciudad de México, Rodríguez Mejía observó que en momentos de grave crisis económica a nivel local, nacional y mundial, “hemos visto cómo sin una regulación suficiente, las empresas extranjeras continúan aprovechando los vacíos legales para generar ingresos que se llevan a sus países de origen o paraísos fiscales, sin dejar en nuestro país los impuestos correspondientes a su operación, ya que se escudan en los prestadores que coloquialmente llaman socios”.

Por esto, pidieron un piso parejo que consiste en que los vehículos de las aplicaciones sólo puedan trabajar con una concesión y sean sujetos de verificaciones administrativas por el INVEA como les ocurre a ellos en la modalidad del taxi.

El segundo tema que solicitaron a la Jefa de Gobierno, es la revisión a fondo de los costos de operación porque ya es necesaria una nueva tarifa para las dos modalidades del transporte, para lo que se encuentran realizando un estudio que darán a conocer posteriormente, con la finalidad de cumplir con los plazos que marca la ley para presentar una propuesta de incremento, que se cierra en el mes de abril.

El tercer punto consiste en solicitar un programa integral de regularización, que permita al gremio del transporte público en la capital, rescatar sus concesiones mediante un paquete económico de condonaciones y simplificación jurídica y administrativa porque “muchas concesiones están paradas desde el inicio de la pandemia”.

Rodríguez Mejía expresó que el sector en general está en peligro latente de colapsarse irremediablemente por falta de recursos para darle mantenimiento a las unidades, comprar servicios de aseguranza, y “poder llevar el sustento básico a nuestras familias”.

Y agregó que “estamos en una situación de precariedad que nos impide, también, contar con las condiciones económicas para renovar nuestras unidades, muchas de las cuales ya cumplieron su ciclo de vida útil de acuerdo con la reglamentación en la Ciudad de México”.

Por lo que aseguró, “también necesitamos de apoyos de las autoridades de nuestra capital, que podrían consistir en obtener negociaciones con las empresas automotrices para conseguir precios preferenciales, financiamientos en condiciones flexibles y a tasas accesibles, garantías o contragarantías, para que de esa manera sea más viable la sustitución de unidades viejas por parque vehicular moderno, más eficiente cómodo y ecológico”.