Millones familias en peligro de afectara su patrimonio con el proyecto del programa de jefa de Gobierno

Las diputadas y los diputados locales del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de nuestras atribuciones de representación popular y con fundamento en la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos patrimoniales de las personas, manifestamos nuestra preocupación por diversas propuestas contenidas en el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Reconocemos la importancia de coordinar la planeación metropolitana, proteger los recursos naturales, mejorar la movilidad y ampliar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, estos objetivos deben alcanzarse con respeto a los derechos de las personas, reglas claras, proporcionalidad y garantías jurídicas, sin imponer cargas desmedidas ni generar incertidumbre sobre el patrimonio que las familias han construido a lo largo de su vida.

Por ello, exigimos a las autoridades responsables retirar del proyecto las propuestas controvertidas que puedan afectar injustificadamente la propiedad privada y la seguridad patrimonial.

Particularmente las contenidas en las páginas 169 a 174 de su proyecto de POZMVM, como son los siguientes:

PRIMERO. Retirar la propuesta de gravamen al denominado “desperdicio urbano”.

Rechazamos que la falta de construcción o el supuesto aprovechamiento insuficiente de un inmueble pueda convertirse, por sí mismo, en motivo de una carga fiscal adicional sin criterios objetivos, excepciones justificadas y garantías para los propietarios.

SEGUNDO. Retirar el proyecto de actualización de los valores catastrales. No queremos que el Programa se traduzca en incrementos desproporcionados del impuesto predial. No al predialazo

TERCERO. Retirar la propuesta de venta o enajenación forzosa de inmuebles mediante subasta pública en los términos planteados. Ninguna política de desarrollo urbano debe traducirse en la pérdida de un patrimonio sin fundamento legal suficiente, procedimiento individualizado, derecho de audiencia, defensa efectiva y garantías de indemnización cuando legalmente corresponda.

CUARTO. Retirar la propuesta de creación de mecanismos u organismos para recuperar y reutilizar predios vacantes o abandonados. Los habitantes de la Zona Metropolitana exigen expresamente evitar políticas públicas y disposiciones que redunden en intervenciones arbitrarias sobre bienes privados.

QUINTO. Retirar la figura de la zonificación flotante. Los cambios de uso del suelo y su aplicación posterior deben sujetarse a reglas públicas, previsibles y transparentes, con participación ciudadana y respeto a los derechos legalmente adquiridos, la discrecionalidad que se propone en el Programa afecta la certidumbre jurídica y la propiedad privada.

SEXTO. Eliminar los mecanismos de recuperación de plusvalías. Cualquier contribución debe contar con fundamento legal, metodología verificable y una relación justificable con los beneficios generados por la actuación pública, evitando cobros duplicados o cargas arbitrarias.

SÉPTIMO. Retirar las propuestas de cobros asociados al aumento de edificabilidad y a los cambios de uso del suelo. La propuesta de Programa establece reglas que convierten el derecho de propiedad en una fuente de obligaciones indeterminadas.

OCTAVO. Retirar los controles de precios máximos de venta propuestos por ignorar sus efectos de inhibición de construcción de nueva vivienda. Las medidas destinadas a promover vivienda asequible deben contar con estudios de viabilidad, reglas claras y mecanismos que protejan tanto a quienes necesitan una vivienda como a quienes participan legítimamente en su construcción y comercialización y no ser determinadas por criterios políticos o burocráticos.

NOVENO. Eliminar la propuesta de la creación de reservas públicas de suelo. Toda adquisición, aportación o mecanismo de gestión de terrenos debe respetar la legalidad, la transparencia, el consentimiento cuando corresponda y las garantías de compensación previstas por la ley, sin trasladar cargas injustificadas a propietarios particulares y estás reservas públicas de suelo van a provocar especulación.

NUESTRAS EXIGENCIAS 1. Retirar las nueve propuestas señaladas antes de integrar la versión definitiva del POZMVM, mediante un proceso público, transparente y debidamente fundamentado.

2. Publicar los estudios técnicos, jurídicos, fiscales y económicos que sustenten los mecanismos que resten en el documento, así como sus posibles efectos sobre propietarios, arrendadores, desarrolladores y familias.

3. Garantizar que, ninguna de las 9 propuestas señaladas, se instrumenten ni en el Programa ni en los planes de desarrollo estatales que corresponden a la Zona Metropolitana.

4. Establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana, respuesta fundada a las observaciones y rendición de cuentas sobre los cambios realizados al proyecto.

5. Incorporar garantías expresas de seguridad jurídica, proporcionalidad, derecho de audiencia, defensa y respeto a la propiedad privada. La planeación metropolitana debe servir para mejorar la vida de las personas, no para generar incertidumbre sobre sus bienes.

El combate a la especulación, la recuperación de espacios abandonados y la promoción de vivienda digna son objetivos legítimos, pero deben alcanzarse con instrumentos legales, transparentes y proporcionales, no mediante disposiciones ambiguas o mecanismos que puedan producir consecuencias patrimoniales injustificadas.

La coordinación metropolitana no debe significar discrecionalidad. El desarrollo urbano no debe estar por encima de la ley. Y la política de vivienda no debe construirse a costa de la certeza jurídica de las familias.

Por la defensa del patrimonio familiar, la seguridad jurídica y una planeación metropolitana transparente, participativa y respetuosa de los derechos de todas las personas, suscribimos el presente manifiesto