Mexicanos piden se actué conforme derecho a Rocha Moya, no protegerlo

Un estudio nacional levantada por la casa encuestadora Polister revela que las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han tenido un impacto inmediato en la opinión pública mexicana.

El nivel de conocimiento del caso es particularmente alto: 76.5% de los encuestados afirma haber escuchado o visto información sobre el tema, lo que confirma que se trata de una crisis que logró instalarse rápidamente en la conversación pública. Los resultados que se presentan a continuación corresponden exclusivamente a ese segmento informado.

Entre quienes dijeron conocer el caso, 60.0% considera creíble que Rocha Moya haya tenido vínculos con el crimen organizado, en línea con lo señalado por autoridades estadounidenses.

En contraste, 22.8% no lo cree, mientras que 17.2% no tiene una postura definida, lo que sugiere que la percepción pública aún podría moverse conforme avance el caso.

La reacción del gobierno federal también enfrenta una evaluación crítica. Entre las personas informadas, 48.0% considera que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue insuficiente y que debió actuar con mayor firmeza, frente a 38.0% que la considera adecuada.  Un 14.0% no tiene una postura clara al respecto.

El impacto político del caso es evidente. El 79.9% de quienes están informados considera que el escándalo afecta la imagen de Morena, de los cuales 66.5% opina que el daño es significativo. Esto posiciona el caso no solo como una crisis individual, sino como un evento con implicaciones partidistas más amplias.

La opinión pública también se inclina hacia consecuencias más severas. A pesar de la licencia solicitada por el gobernador, 53.0% considera que debería renunciar definitivamente al cargo, mientras que 40.1% cree que podría regresar si se demuestra su inocencia.

Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es el empate en la confianza institucional. El 46.8% de los informados preferiría que Rocha Moya fuera juzgado en Estados Unidos, frente a 45.0% que considera que el caso debe resolverse en México. Este resultado refleja una división profunda en la percepción sobre la capacidad del sistema de justicia mexicano para atender casos de alto perfil.

Finalmente, el caso trasciende la figura del gobernador. El 71.9% de quienes conocen el tema cree que el gobierno de Estados Unidos podría presentar acusaciones contra otros funcionarios vinculados a la Cuarta Transformación, mientras que solo 18.3% considera que se trata de un caso aislado. Este dato introduce en la opinión pública la idea de un posible problema estructural.

“La velocidad con la que la opinión pública se forma en este caso es notable. No solo hay un alto nivel de conocimiento, sino que la mayoría ya tiene una postura definida sobre la credibilidad de las acusaciones y sus implicaciones.

Cuando esto ocurre, el caso deja de ser un evento aislado y se convierte en una narrativa política más amplia”, señaló Ana Milagros Oreja, directora de Polister Encuestadora.

La encuesta fue realizada a nivel nacional mediante entrevistas telefónicas automatizadas (IVR) a 1,000 personas adultas, con un margen de error de ±3.1% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados presentados corresponden a quienes declararon haber escuchado o visto información sobre el caso Rocha Moya.