Mayoría legislativa está a favor de los derechos laborales, pero no del saqueo ni de los privilegi

.LOBO NEGRO. ………………………………………………………………………..

El senador Alejandro Armenta afirmó que la mayoría legislativa en el Senado está a favor de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pero no del saqueo, la corrupción ni de los privilegios.

“Nosotros defendemos sus derechos laborales, pero lo que no podemos permitir es que haya un fideicomiso para que los ministros de la Corte se lleven 20 millones de pesos cada vez que termina su cargo”, expresó el senador en conferencia de prensa.

El legislador de Morena explicó que el hecho de que se extinga esta figura no significa que se extinga una obligación o un derecho, ya que el fideicomiso es una figura jurídica que administra recursos para una obligación, pero no se hace de manera transparente.

Alejandro Armenta consideró que “hablar de fideicomisos es hablar de corrupción”, pues se han convertido en un instrumento para el saqueo, los privilegios y la facturación apócrifa de empresas fantasmas.

Si hay una obligación jurídica laboral, subrayó, se tiene que cumplir independientemente de que haya un fideicomiso.

Dijo que en Puebla la obra del Museo Barroco costaba 600 millones de pesos, pero por un fideicomiso “estamos pagando 10 mil millones de pesos, fíjense nada más la corrupción”.

Además, recordó que el Tren Turístico entre Cholula y Puebla, que se debió de haber construido con un monto total de 300 millones de pesos, los poblanos terminaron pagando dos mil millones de pesos y no funciona.

“El fideicomiso público es una ostra administrativa donde nadie puede entrar a supervisar. El fideicomiso público es un ente creado para el saqueo y cuando hay gobiernos corruptos o poderes públicos que se amparan en la corrupción, se escudan en los trabajadores”.

Los poderes públicos, expuso Alejandro Armenta, tienen áreas de administración, pueden tener fondos de ahorro para que garanticen el pago a sus trabajadores.

“Lo que es incorrecto, es utilizar un fideicomiso público de manera obscura, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin fiscalización, donde el negocio lo hizo el que firmó el fideicomiso, el fiduciario y el fideicomitente, así saquearon en Puebla”.