Mayor margen para la inclusión social a personas que viven con discapacidad y no revictimización

En México, más de 6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad y aun cuando cuentan con la protección de la ley, en su día a día enfrentan situaciones de vulnerabilidad y discriminación, por lo que es necesario formular protocolos de atención para garantizar su pleno derecho a la inclusión social y a la no revictimización.

Así lo expresó Elizabeth Mateos Hernández, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, al destacar la urgente necesidad de reformar la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la CDMX en materia de Dignificación a Personas con Discapacidad.

Aun cuando se reconoce a las personas con discapacidad el derecho de igualdad de condiciones y a vivir en comunidad, la legisladora destacó la necesidad de adoptar medidas pertinentes para facilitar el pleno goce de derechos al otorgarles servicios de asistencia domiciliaria, residencial y de apoyo de la comunidad, incluyendo la asistencia personal para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad.

“La ausencia de protocolos de sensibilización al aplicar la ley, provoca que quienes padecen algún tipo de discapacidad notoria y permanente, sean doblemente vulnerables ante situaciones en las cuales, por ejemplo, les solicitan documentos extras a los que realmente puedan ser necesarios para realizar un trámite o un registro”, explicó Mateos Hernández.

Con la propuesta de reforma a los artículos 3, fracción V y 12 y la adición de un párrafo cuarto al artículo 14, fracción IV, de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad, dijo, buscamos generar condiciones de mayor inclusión social, al facilitar su acceso al pleno ejercicio de sus derechos siempre “evitando la revictimización cuando la discapacidad sea física o motora, sensorial, intelectual o psíquica”.

Extralimitarse en la solicitud a personas con discapacidad de documentos para realizar un trámite, más allá de beneficiarles, puede constituirse como conducta y/o acciones limitativas y por ende, crear escenarios que rayan en la discriminación, concluyó.