Los del TSJCDMX han sido “paros laborales locos”. Ambiciones truncadas. Una rayita más al tigre

BLAS A. BUENDÍA. …………………………………….

“Hace 15 días pedimos tu intervención y hoy en día no tenemos la solución. No podemos trabajar sin recursos”, se leía en una cartulina alusiva y dirigida para el magistrado Rafael Guerra Álvarez, en el marco de los paros laborales que han ensombrecido el desarrollo de impartición de justicia, afectando gravemente los intereses de quienes acuden diariamente a la Ciudad Judicial capitalina, y donde su titular se ha visto imposibilitado para frenar la ola de inconformidades laborales, ya que su pasmosa verborrea demagógica sigue sin convencer a nadie.

En el ámbito judicial, aún permanece el reclamo de miles de trabajadores que, con su actuación demuestran si no un “desconocimiento” referente a los valores fundamentales suscritos en las Condiciones Generales de Trabajo —el contrafuegos de cualquier conflicto—, sobresalen actores externos para azuzar incorrectamente y crear desestabilización laboral en los recintos judiciales de la capital, impactando gravemente en lo social.

Litigantes en las diferentes ramas del Derecho coinciden que los del TSJCDMX han sido “paros laborales locos” porque no se ajustan al Derecho laboral, reprochando a esos agitadores que se dejen de sandeces porque quienes salen perjudicados son las personas que exigen de sus litigios transparencia al momento de recibir impartición de justicia.

Las crisis laborales por las que viene padeciendo el Poder Judicial de la Ciudad de México se encuadran en una lucha de poderes fácticos generados por agentes externos que solo conllevan a una división interna en este sector, toda vez que cuando se registran ese tipo de incidencias laborales acompañadas con los fenómenos de la violencia, la sociedad sale perjudicada.

La administración del magistrado Rafael Guerra está imbuida en los claroscuros de corrupción, por lo que grupos parlamentarios contrarios al desaseo de la política de la Cuarta Transformación a la que él pertenece, anunciaron que pedirán al Congreso de la Ciudad de México exhorte a la Secretaría de la Función Pública, ordene una exhaustiva auditoría, “porque el TSJCDMX se ha convertido en una cédula del crimen organizado institucional”.

Indicaron que existen elementos fundamentados de sobra donde Guerra Álvarez se ha ensimismado en los constantes escándalos políticos, porque es un “delfín clave” para el ejercicio de la Reforma al Poder Judicial capitalino, donde jueces y magistrados se han visto forzados en presentar sus renuncias por la amplia incongruencia jurídica que viene desmoronando paulatinamente a este sector de lo cual trataremos más adelante.

En esta nueva revuelta laboral también muestra su rostro de solidaridad por parte de los trabajadores con sus homólogos del Poder Judicial Federal, pidiendo “respeto a la División de Poderes”.

“¡No a la Reforma Judicial!”, porque el bodrio que pretenden impulsar desde el escritorio de la jefa del Ejecutivo Federal, hasta las sinrazones del Poder Legislativo oficialista-morenista, incurren en la patética acción que desnuda a México que pareciera estar gobernado por la kleptocracia ajustada al contagio de la kakistocracia.

Es decir, el mundo entero alerta que ha dejado de ser un país democrático y que solo obedece a las directrices extranjeras, como el bloque socialista china-rusa-cubana-venezolana —célula del Foro de Sao Paulo—, donde no existe la aplicación de una justicia coherente, sino destruye la unidad de los pueblos con persecuciones y crímenes de Estado.

La segunda semana del mes de febrero del 2025, para el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez fue de pesadilla, ya que mostró sus endebles destrezas políticas para poner freno a toda una escalada de reclamos que halló a su paso como presidente del PJCDMX que, por falta de criterios presupuestales, queda abierta las compuertas para siguientes reclamaciones constitucionales que no podrá resolver, porque “está atado de manos”.

Cada vez que los trabajadores exigen se respeten sus derechos laborales, por arte de magia golpeadores que pertenecen a la Dirección General de Protección Civil y de Seguridad, salen a relucir para desestabilizar todo diálogo pacífico, en cuya acción, Rafael Guerra Álvarez se niega a emitir aclaración alguna, estableciendo la Ciudad Justicia en su auténtico bunker, prohibiendo el paso a este reportero para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Por lo visto, “el Poder Judicial no puede ser fuerte, si su base trabajadora está olvidada y explotada”, sentenciaron los trabajadores del Poder Judicial local.

Ambiciones truncadas. La prensa mexicana detalló que corrían los días en que el actual presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México buscaba dar el salto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su aspiración, sin embargo, nunca tuvo futuro real. De todos era sabido que la actual presidenta de la República, en sus tiempos como jefa de Gobierno, jamás lo consideró un aliado confiable y no sin razón.

Un libro escrito por Hernán Gómez documenta con precisión quirúrgica los hilos de corrupción que ha movido desde su posición, favoreciendo a despachos y personajes de alto perfil en casos clave. Pero más allá de los señalamientos públicos, fue un episodio en particular lo que terminó por sellar su destino político: el caso de Jorge Hernández Alcocer.

El asesinato de su esposa en un restaurante de la Ciudad de México fue un escándalo que cimbró el foro penal, pero lo que pocos conocen es el verdadero papel del presidente del Tribunal en esa historia. Su intervención en el caso habría sido la gota que derramó el vaso para su ya maltrecha relación con la ahora jefa del Ejecutivo Federal.

Su candidatura a la Corte quedó en el olvido, y aunque sigue ocupando su puesto, las sombras que lo rodean se hacen cada vez más largas. La pregunta en los pasillos judiciales no es si caerá, sino cuándo.

Al inicio de su administración, Guerra Álvarez había revelado a este reportero que para cualquier magistrado su anhelo es llegar a la máxima tribuna de la justicia federal, pero lastimosamente lo señalan un personaje non grato no solo para la base trabajadora, sino a los ojos de una sociedad que cada día está más politizada.

Una rayita más al tigre. Por si fuera poco, la diputada federal de Morena, María Teresa Ealy acusó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, de permitir la liberación de agresores sexuales, por lo que opinó que no debe ser incluido como candidato a ministro de la Suprema Corte.

Durante una reunión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a la que pertenece, pidió la comparecencia de Guerra Álvarez para que rinda cuentas de sus actos ante los representantes populares, pues carece de los méritos y requisitos para aspirar a formar parte de la Corte, sumándose su permisibilidad ilegal al tráfico de influencias.

“Este candidato no representa los valores de justicia ni integridad que nuestras instituciones requieren; Rafael Guerra no es un defensor de la justicia, su historial está manchado por actos de complicidad y revictimiza a quienes buscan amparo en nuestras instituciones, entre ellos el encubrimiento del violador y potencial feminicida Alejandro ‘N’”, puntualizó.