Llevar los robos a juzgados cívicos no significa reducir delincuencia contrario

EDMUNDO OLIVARES ALCALA. ………………

Le dan la espalda a la ciudadanía y protegen a la delincuencia. Advierte que trasladar conductas delictivas a la justicia cívica podría disminuir las carpetas de investigación, sin resolver la inseguridad que viven las familias, sino todo lo contrario le abren el zaguán a la delincuencia organizada.

El castigo a quien cometa el delito de robo sin violencia en la Ciudad de México (CDMX), podría ser castigado distinto, de acuerdo con una polémica iniciativa que plantearon las autoridades, le darán facilidades para seguir delinquiendo.

El Código Penal capitalino actualmente señala que el delito de robo se castiga con años de cárcel, de acuerdo con el Artículo 220, en el que se mencionan la pena que podría recibir la persona, condena que va de los seis meses a 10 años de prisión, todo cambiará con los Morenos quienes buscan proteger a los delincuentes.

El Diputado local del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México para cumplir con el mandato constitucional de crear un Instituto de Defensoría Pública autónomo, que garantice asesoría y defensa legal gratuita, profesional e independiente del Gobierno.

El legislador recordó que la Constitución capitalina ordena contar con esta institución y que el plazo para realizar las adecuaciones legales venció desde agosto de 2024, sin que se haya concretado su autonomía.

“Una defensa pública no es un favor, es un derecho. Y garantizarlo es una deuda de este Congreso”, señaló.

Sánchez Flores explicó que su iniciativa busca transformar la manera en que las personas acceden a la justicia, mediante cinco medidas fundamentales:

1. Independencia del Gobierno: un Instituto autónomo, con patrimonio propio y capacidad para defender a las personas incluso frente a las autoridades.

2. Defensa legal gratuita: atención profesional para quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado.

3. Trámites por internet: posibilidad de solicitar orientación y defensa legal sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina.

4. Seguimiento digital: consultar quién atiende cada caso, conocer sus avances y presentar quejas cuando el servicio no funcione.

5. Defensores mejor preparados: capacitación permanente, carrera profesional y mejores condiciones laborales.

Por otra parte, el Diputado manifestó su preocupación por algunos aspectos de la reforma a la Ley de Cultura Cívica propuesta por la Jefa de Gobierno, particularmente aquellos que permitirían atender en juzgados cívicos conductas relacionadas con daños a la propiedad y apoderamiento de bienes ajenos que también se encuentran previstas en la legislación penal.

Advirtió que, si hechos que deben investigarse como delitos terminan registrados únicamente como infracciones administrativas, podrían disminuir las estadísticas delictivas sin que realmente disminuyan los delitos.

“No se reduce la delincuencia cambiando el nombre de las conductas. Se reduce previniéndolas, investigándolas y garantizando justicia”, enfatizó.

El legislador aclaró que no se opone a la mediación ni a la solución pacífica de conflictos, pero insistió en que cualquier reforma debe proteger a las víctimas, respetar el debido proceso y garantizar una defensa adecuada.

Finalmente, Mario Sánchez convocó a las distintas fuerzas políticas a trabajar conjuntamente para garantizar una justicia verdaderamente accesible e independiente.

“Los gobiernos cambian. Las legislaturas terminan. Pero los derechos deben permanecer. La justicia no debe preguntarte cuánto ganas, por quién votaste ni quién gobierna”, concluyó.