Llaman a Suprema Corte a resolver a favor de la salud los amparos contra regulación de comida en las escuelas

Hoy… hoy… hoy… la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN,) resolverá 3 de los 4 amparos que quedaron pendientes de resolución la semana pasada en relación con la venta de comida en las escuelas.

Es fundamental recordar que se tenía prevista la discusión de 4 amparos la semana pasada. Sin embargo, la discusión de 3 casos fue pospuesta para este martes, mientras que 1 de los casos fue desestimado de manera definitiva, sin conocer las razones por las cuales se decidió retirar el proyecto.

Los amparos fueron presentados por las empresas Embotelladora Las Margaritas,

Embotelladora del Fuerte, 2, -ambas subsidiarias de Coca-Cola-, Maison Kayser, 3, y Mega Vending de México.4, Los proyectos de sentencia, a cargo de las ministras María Estela Ríos, Lenia Batres y el ministro Giovanni Figueroa, proponían negar el amparo a las empresas por no violentar sus derechos y por tratarse de una regulación en favor de la salud de los escolares.

Por lo anterior, la discusión continuará el día de mañana en el mismo tenor: reconociendo que la regulación de la venta de comida chatarra en las escuelas es una medida que protege la salud pública.

Resulta importante destacar que, pese a que el proyecto del Ministro Giovanni Figueroa era a favor de la salud pública y en contra de los intereses de la empresa, ya que sostenía que la regulación de venta de comida en las escuelas era un elemento favorable para ejercer el derecho a la salud, incluso en Universidades, 5 éste fue retirado de manera definitiva.

Esto ha sucedido en otras ocasiones, en las que la Suprema Corte tiene un proyecto que no es favorable a las empresas y, muchas veces, las “Tendremos que esperar a conocer cuáles fueron las razones que orillaron al Ministro a retirar un proyecto que favorecía la salud de las personas.

Es una desgracia que un proyecto tan sólido sea retirado de esta manera, sin mayor explicación. Sin embargo, si fue la empresa la que decidió retirarse de su caso, debemos señalar que se trata de una de las estrategias con menos ética de las empresas.

Estos actores utilizan este tipo de tácticas de manera recurrente, en las que presentan amparos como una forma de obstaculizar la implementación de políticas que mejoran la salud de la población, pero que atentan contra sus intereses, y no realmente porque crean que se están violentando sus derechos.

Así, cuando están frente a una posible resolución no favorable, deciden retirarse del caso, después de 2 años de litigios en los que el Estado utilizó recursos y personal para su resolución. Con estas acciones, evitan que se establezca un precedente legal”.

Esta práctica no es nueva. De hecho, desde hace años es utilizada por las empresas de bebidas azucaradas y productos chatarra, quienes al enfrentarse con la implementación de políticas que pretenden proteger la salud y alimentación, presentan amparos y acciones legales en contra de las regulaciones, litigando, haciendo cabildeo e incidencia de los asuntos para que lleguen hasta la SCJN.

Sin embargo, cuando se enfrentan a proyectos de sentencia que proponen negarles el amparo, se retiran para evitar generar un precedente positivo para la salud pública.

Esta práctica ha sido tan recurrente que, en una investigación realizada por Quinto Elemento Lab y Lighthouse Reports,6 se identificó que, en los últimos 15 años, el sector de refrescos y de productos ultraprocesados interpuso a escala mundial al menos 239 demandas judiciales en seis de sus principales mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) para revocar o modificar leyes y normas.

Estas demandas fueron presentadas por grandes empresas multinacionales que dominan el sector de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, encabezadas por Coca-Cola y PepsiCo.

80% de todos estos litigios sucedieron en México entre 2010 y 2025.  Así, lo que este reporte pone en evidencia es que, en los últimos años, México se ha convertido en el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados, ya que es uno de los países que se ha enfocado en impulsar políticas públicas dirigidas a combatir enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de productos chatarra, ya que es uno de los países con mayor consumo de estos productos y, en consecuencia, mayores daños a la salud.

Ante esto, las empresas utilizan acciones legales para obstaculizar su implementación. Al respeto, Chantal Reyes, abogada de El Poder del Consumidor, declaró que “este actuar resulta sumamente perjudicial a nivel Estatal, ya que, para dar trámite a todos estos litigios, se necesitan recursos materiales, humanos, económicos e inclusive técnicos, ya que son juicios con un alto grado de dificultad involucran varios actores gubernamentales de todos los poderes.

Por una parte, desde el ejecutivo tienen que defender la regulación y la política y, por otra parte, desde el judicial deben dar trámite y resolución a los litigios desde sus primeras instancias hasta que llegan a la SCJN.

Cabe recordar que nuestro Poder Judicial está rebasado de carga de trabajo, por lo que este actuar resulta muy costoso para el Estado”. Por lo anterior, hacemos un llamado a los demás Ministros y Ministras del Máximo Tribunal Constitucional de México para apoyar estos proyectos de sentencia, los cuales plantean 6 “México, el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados”, 22 de julio de 2026, https://quintoelab.org/project/mexico-campo-batalla-alimentos-ultraprocesados-bebidas-amparos-demandas  cuestiones importantes, y mantener la constitucionalidad de los lineamientos para la venta de comida dentro de las escuelas.

De votarse a favor y negar los amparos a las empresas, estaríamos frente a un precedente internacional y un referente de derechos humanos en la región en favor de la justicia y la salud pública.