Llamado al GCDMX para solucionar urgentemente el conflicto Ruta-100

BLAS A. BUENDÍA. ……………………………………..
Estamos próximos a cumplir 30 años, esperando que el Gobierno de la Ciudad de México liquide e indemnice a los trabajadores de ex Ruta-100, en cuyo parámetro, el entonces Departamento del Distrito Federal, encabezado por Oscar Espinoza Villarreal, decretó la quiebra de esta camionera de pasajeros urbanos, precisamente el sábado 8 de abril de 1995, que según las autoridades capitalinas, presumían que su desaparición fue por su insolvencia económica y la deficiencia de su servicio.
La Comisión Liquidadora ex Ruta 100, en un comunicado, rememoró que a las dos de la mañana de ese día fatídico, fueron expulsados con la fuerza pública, de todos los módulos, a todos los trabajadores, tratándolos como si fueran delincuentes.
En el fortuito desalojo, intervinieron granaderos armados con escudos y toletes, tomaron el control de los 27 módulos operativos (encierros) e impidió el ingreso del personal, que a las tres de la mañana se presentaban a sus respectivos lugares de trabajo para iniciar sus labores del día.
Tras la declaración de la quiebra ocurrieron misteriosos hechos que a la fecha, no han sido esclarecidos, por ejemplo, los crimen de Estado que están plenamente documentados.
El suicidio del entonces secretario de Transporte del Distrito Federal, Luis Miguel Moreno, ocurrido el 10 de abril; el acribillamiento de Humberto Priego, Fiscal asignado a la causa contra los líderes del SUTAUR-100, así como el de su secretaria el 18 de junio; la ejecución del magistrado Abraham Polo Uscanga, quien denunció presiones del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Saturnino Agüero Aguirre.
A raíz de la quiebra de Ruta-100, se firmó un convenio político en el que se sentaron las bases tendientes a la solución del conflicto entre trabajadores y gobierno, liquidando a 12,004 choferes a un 72%, quedando un 28% para otorgar concesiones de transporte público de pasajeros a los mismos trabajadores de la Ruta, que años después, el 16 de noviembre de 1999, se firmó otro convenio con la jefa de gobierno Rosario Robles Berlanga.
Incumplimientos de los convenios políticos
1º. El cumplimiento al Acuerdo Político de fecha 26 de abril de 1996, y el cumplimiento al Acuerdo Político de 16 de noviembre de 1999.
Estos puntos de los convenios políticos están pendientes del cumplimiento que debe asumir el Gobierno de la Ciudad de México, un 28% que otorgaron a la propia administración pública local para ser susceptibles a concesiones de pasajeros y adeudos en inobservancias de los acuerdos políticos.
El GCDMX se ha negado a pagar lo que debe a pesar de que este pago ya había sido autorizado por la entonces VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México.
Quien fuera titular del gobierno de la ciudad, Martí Batres Guadarrama, en lugar de darle cumplimiento al punto de acuerdo del 19 de noviembre de 2014 y ratificado el 14 de diciembre de 2021 por el Congreso local, prefirió dar un apoyo económico a los trabajadores de la extinta Ruta-100 de 25 mil pesos, una bicoca que insulta a los más inteligentes tras 29 años de lucha continua.
Los Rostros Olvidados de R-100 por parte del poder gubernamental de no hacerles justicia, seguirán manifestándose pacíficamente todos los jueves, particularmente en la Plaza de la Constitución, mudo testigo de las luchas fratricidas que en el histórico pasado quedaron como un mal recuerdo de la convulsión social, y que en las últimas tres décadas, los choferes Ruta-100, ya están sumamente cansados y alterados de tantas mentiras del partido oficialista.
A través de casi 30 años, el Zócalo de la Ciudad de México ha sido fiel testigo del conflicto más añejo en material laboral que se haya padecido en las transiciones hasta llegar a esta época contemporánea, floreciendo la justa demanda para que el gobierno local, otorgue la pronta y urgente solución al apremio camionero desaparecido.
Al paso de cerca de seis quinquenios, ha dejado toda una estela de resabios y sinsabores que ha impactado en la marginación y exclusión de trabajadores de Ruta-100, quedaron en el desempleo, toda vez que “no hay dinero que pudiera regresarle la vida a todos aquellos luchadores sociales que han fallecido por infinidades de circunstancias médicas, sumándose la letalidad de la pandemia mundial.
Es invaluable y ocioso hablar de cuánto cuesta la vida, cuando en estos casi 30 años de entereza lucha sociopolítica, solo los guerreros de ex Ruta 100 han sorteado todo tipo de traumas de salud, así como la perversión de los gobiernos que no han querido darle solución al conflicto exrutero.
La Comisión Liquidadora Ruta-100 se está abocando a exigirle al GCDMX, a cumplir a cabalidad la pírrica entrega de apoyos económicos que autorizó el gobierno federal, en apoyo con el gobierno local. Se comprometió con la decisión gubernamental del sexenio pasado, ya que faltan de recibir este apoyo económico alrededor de seis mil trabajadores entre ellos las compañeras viudas y beneficiarias, esposas e hijos de los compañeros trabajadores fallecidos.
Ellas tienen en su poder la designación de beneficiarias que les otorgó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya instancia las declara como única beneficiaria del trabajador fallecido; también hay compañeros que por edad o enfermedad otorgaron un poder notarial aún beneficiarios para poder cobrar ese apoyo económico.
La Comisión Liquidadora ha tenido reuniones con el gobierno de la ciudad con avances muy lentos desde el 5 de octubre en que Clara Brugada asumiera el cargo como jefa de gobierno.
Denunció que sus delegados gubernamentales no han dado una respuesta positiva en la solución del conflicto laboral, como se ha afirmado en líneas anteriores, “le han dado largas y largas”, que hace suponer vivir con los conflictos que a diario se presentan en la sede del GCDMX.
Supuestamente, con la administración anterior ya se tenían todo para saldar el adeudo histórico con aportaciones del 50% por parte del gobierno federal, y el otro 50% el GCDMX, para completar un total de 300 millones de pesos, repartidos para 12,004 trabajadores que llegaron a la declaratoria de quiebra recibiendo cada trabajador 24 mil 991.66 pesos.
Tras advertir que para darle cumplimiento al apoyo económico, la autoridad publicitó tres gacetas.
Primera gaceta: 25 de septiembre de 2023, donde se conforma una comisión interdependencial del gobierno de la ciudad.
Segunda gaceta: 17 de noviembre de 2023, donde se dan a conocer los lineamientos de operación de la acción social-apoyo económico por única ocasión a favor de personas extrabajadoras de la hoy extinta compañía descentralizada Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100.
Tercera gaceta: 8 de diciembre de 2023, donde dan aviso por el que se modifican los lineamientos de la acción social apoyo económico por única ocasión a favor de personas extrabajadoras de la hoy ex Ruta-100.
Con base a lo anterior y tener la certificación para que la administración de la capital cumpliera con los compromisos establecidos, por enésima vez desoyó las voces reclamantes de los afligidos ex trabajadores de Ruta-100, lo que demuestra una vez más que el gobierno de la esperanza y su Cuarta Transformación, no han sido útiles para resolver todo conflicto social y laboral que se presentan en la capital del país.
“Queremos que el gobierno local informe para cuándo reabrirá la plataforma a fin de que se registren nuestras compañeras viudas y beneficiarias y que también se registren compañeros que por alguna causa o razón no lo hicieron el 31 de julio de 2024.
“La entrega de 381 cheques de apoyo económico de la octava y novena etapa que no han entregado como son 19 cheques de apoyo económico que ya estaban para su adjudicación, la tardanza protocolaria de la misma, los compañeros fueron falleciendo y ya no se les cumplió pésimamente ni a sus familiares los recursos prometidos. Queremos —insistió la Comisión Liquidadora— que se les entregue su cheque de apoyo económico a sus viudas comprobando su documentación”.
Anunciaron que habrá plantones y marchas de protestas pacíficas en la Ciudad de México, por lo que piden “perdón” a la sociedad que se vea afectadas por el cierre de vialidades, “porque no se trata de atentan contra los intereses de tercero, sino que todos nos enfrentamos a una Cuarta Transformación engañosa e inservible que solo ha generado el malestar popular por su vulgaridad de no hacer un gobierno con transparencia.
“Si este jueves 6 de febrero no dan una respuesta favorable en darle una solución al apoyo económico esperado, tendremos que hacer marchas, bloqueos en avenidas importantes, visitaremos la Secretaría de Gobernación y al Congreso de la Ciudad de México. Daremos una conferencia de prensa en las céntricas avenidas de Bucareli y Paseo de la Reforma para denunciar que este gobierno de la Cuarta Transformación, no cumple”.
Traición y fraude a los trabajadores de Ruta-100, quienes son inversionistas en las empresas de GMT, por parte de Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, las cuales siguen en manos de estos bandidos, “nos hurtaron el 28% que dejaron los 12,004 trabajadores de la Ruta-100, para ser susceptibles a concesiones de transporte público de pasajeros para conformar las empresas de GMT, así como la inversión del 30% de nuestra liquidación en las empresas señaladas.
De esta forma, el 17 de junio de 1996 se constituyeron las tres primeras empresas denominadas, Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo S. A. de CV.; Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de marzo S.A. de C.V.; así como la empresa que le dio sustento de rentabilidad el Sistema de Transportes en Taxi, S.A. de C.V.
La Comisión Liquidadora hizo énfasis que en su momento, a muchos ex choferes de la 100, les nació la ilusión de transformarse de trabajadores a inversionistas, “sentimos que ya éramos socios de nuestras empresas, solo con un detalle denostador: Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, así como su asesor financiero Arturo Mendoza Larraguivel, aprovechándose de la confianza que se les tenía, abusando de la necesidad de trabajo, la ignorancia que en materia legal y financiera teníamos”, reconoció.
“Los defraudadores le estaban dando otro tinte legal, otra forma jurídica planeada para el ‘futuro’; fue un graso error, porque ese futuro se convirtió en un descarado despojo, quedándose con todo de una forma legaloide; no cabía lugar a dudas que los únicos socios serían ellos a través de sus prestanombres José Ernesto Ávila Velázquez, José Fernando García Guzmán y Eulalio Durán Morán.”, reveló la Comisión Liquidadora.
El 16 de noviembre de 1999 se firma un nuevo convenio político entre la el GDF y la representación de los trabajadores del SUTAUR-100, toda vez que en este este acto el gobierno entregaron para beneficio de los trabajadores de la extinta ruta-100., una concesión más, para constituir una empresa para prestar servicio público de transporte de pasajeros en autobuses, que se denominaría , Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S.A. de C.V., misma que se estructuró en las instalaciones del módulo 6 de la exruta-100.
En el marco de esta riqueza, se incluyen las instalaciones del módulo 40 para la implementación de una empresa reconstructora de autobuses la cual lleva como razón social Talleres Industriales en Diésel, S.A. de C.V.
La Comisión Liquidadora también denunció que de todas estas empresas que impunemente han saqueado la riqueza de ex Ruta-100, han sido desviada para las líneas de Metrobuses, trolebús elevado y empresas de autobuses que tienen en otros estados de la república, a través de presta nombres.
Con las cantidades aportadas se creó un fideicomiso F/100-7 en Banco IXE con un capital de $172,934,552.00 (ciento setenta y dos millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.).
Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de cinco empresas bajo la razón social de Servicio Metropolitano de Transporte 17 de Marzo S. A. de C. V., Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S. A. de C. V., Transportes Urbanos Nuevo Milenio, S. A de C.V., Sistema de Transporte en Taxis, S. A. de C.V. y Talleres Industriales en Diésel.
Al oficializar las empresas en el registro de la propiedad y del comercio, se omitió reconocer el nombre o la relación de los aportantes del capital de las empresas constituidas.
La Fiscalía General de Justicia de la gran ciudad, tiene identificables a 43 responsables del fraude en el Fideicomiso F/100-7 que, en tiempo y forma, se promovieron demandas judiciales que a lo largo de todo estos últimas tres décadas, el propio gobierno y el TSJCDMX, se han encargaron de prostituir la justicia.
“Los Trabajadores ex Ruta-100 fuimos traicionados, defraudados y despojados de nuestras empresas integradas en la famosa GMT por los gánsters Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes explicablemente han sido protegidos por funcionarios de los gobiernos en turno, “porque se llevan su mochada para hacer inoperante la justicia”.
De cierto modo, puntualizó la Comisión Liquidadora, “han masacrado a los inversionistas de las empresas de GMT, causándoles un daño moral y económico irreparable, que es por ello que exigimos justicia de los tribunales y castigo para los fraudulentos que día a día siguen burlándose de los trabajadores inversionistas, confiando que en lo sucesivo se tengan buenas noticias.
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