Llama el PT brindar acompañamiento legal y psicológico contra acoso escolar

Urge que la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, diseñen e implementen programas integrales de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar, ya sea física, verbal, psicológica, sexual o digital.

EL Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió lo anterior mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado de la República, las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánche, Ana Karen Hernández, encabezadas por el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez, piden además garantizar mecanismos efectivos de protección, atención psicológica y acompañamiento legal para las víctimas de violencia escolar y a sus familias.

Así como para que se establezcan redes de apoyo escolar con profesionales de salud mental, con especial énfasis en prevención del sufrimiento emocional y reducción de daños derivados de la violencia dentro de los planteles; y la capacitación permanente y continua para docentes y personal escolar que ayude a identificar y atender casos desde etapas tempranas.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria señala que actualmente la violencia escolar constituye una problemática de salud pública y de protección de derechos humanos, pues sus consecuencias no se limitan a la convivencia cotidiana, sino que impactan la salud mental, el rendimiento académico, la estabilidad emocional e incluso la integridad física y la vida misma de las y los estudiantes.

“La normalización del acoso, la falta de detección temprana y la ausencia de respuestas institucionales oportunas han permitido que el fenómeno crezca de manera silenciosa, colocando a miles de menores en situaciones de vulnerabilidad que exigen una atención urgente del Estado mexicano”, mencionan.

Hoy, gracias a los medios digitales se han documentado casos de agresiones físicas severas, acoso sistemático, humillaciones difundidas en redes sociales y situaciones que han dejado secuelas emocionales duraderas en niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Algunas de las consecuencias de la violencia escolar son ansiedad, depresión, disminución del rendimiento académico, aislamiento social y en casos extremos, el abandono escolar. Esta problemática no se limita al ámbito emocional o académico, sino que comienza a reflejarse de manera directa en el sistema de salud.

En este sentido, las senadoras y el senador advierten que el incremento de la violencia escolar en México no constituye una percepción aislada, sino una realidad respaldada por datos estadísticos y evidencia empírica que reflejan la magnitud del fenómeno y su acelerado crecimiento en los últimos años.

Actualmente México se sitúa entre las naciones con mayores índices de bullying a nivel internacional, lo que pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las estrategias institucionales destinadas a la protección de niñas, niños y adolescentes.

Aproximadamente el 32% de las niñas, niños y adolescentes entre 9 y 17 años han experimentado algún tipo de acoso escolar, cifra que además podría ser considerablemente mayor debido al subregistro existente, derivado del miedo a denunciar, la normalización de la violencia y la falta de mecanismos eficaces de reporte dentro de los centros educativos.

Los datos disponibles permiten afirmar que la violencia escolar en México ha alcanzado niveles que requieren atención inmediata y coordinada por parte de las autoridades educativas y de salud, pues sus efectos trascienden Ia convivencia escolar y constituyen un riesgo directo para la integridad física, emocional y psicológica de la niñez y la adolescencia del país.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la construcción de entornos escolares seguros demanda un enfoque integral. No basta con reaccionar ante casos mediáticos por lo que es imprescindible trabajar en prevención sostenida. Esto implica fortalecer la educación socioemocional, enseñar habilidades de resolución pacífica de conflictos, promover la empatía y establecer canales de denuncia accesibles y confiables”, concluyen.