Ley General de Aguas establece una visión que procure el porvenir generaciones presentes y futuras

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó ante el Senado de la República una iniciativa de nueva Ley General de Aguas que propone garantizar el derecho humano al agua y distintas medidas para hacer frente a la crisis hídrica del país.

En el documento, la Bancada Naranja expuso que desde el año 2012 el Congreso de la Unión cumplió con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para reconocer en la Constitución el derecho humano al agua y al saneamiento, pero desde entonces no se ha expedido la ley correspondiente para ordenar las competencias necesarias para hacer efectivo este derecho.

En la actualidad, más de 20 millones de mexicanos no cuentan con los servicios básicos de agua potable y saneamiento. Además, la disponibilidad de agua per cápita ha disminuido drásticamente, pasando de 17 mil 742 a sólo 3 mil 656 metros cúbicos por habitante en siete décadas, y con una proyección de solo 3 mil 285 metros cúbicos para el año 2030.

A esto se suma el uso ineficiente del recurso, especialmente en la agricultura, que consume más del 70% del agua concesionada, y la industria, que tiene un bajo nivel de reúso. Además a finales de enero de este año aproximadamente el 60% del país se reportó en sequía.

“Una nueva Ley General de Aguas debe de conciliar entre los diferentes sectores que se benefician del uso de los bienes hídricos para así constituir un manejo hídrico integral, eficiente, sustentable, justa y de consenso. Debido a esto, establecer una visión que procure el porvenir de las generaciones presentes y futuras es indispensable”, señala la iniciativa de Movimiento Ciudadano.

Algunos de los principales puntos que la Bancada Naranja plantea en su iniciativa son:

Reconocer expresamente el derecho al agua y a su saneamiento.

Establecer que cualquier concesión en territorios de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas debe realizar una consulta previa, libre e informada, cuyo resultado será vinculante.

Introducir el concepto de justicia hídrica y reconocer el derecho preferente de pueblos originarios sobre los bienes hídricos.

Crear la figura de Declaratoria de Emergencia Hídrica y el Fondo Nacional para el Agua para acceder a recursos ante sequías, inundaciones y mejora del suministro.

Sustituir la CONAGUA por la Secretaría de Agua, Saneamiento y Bienes Hídricos.

Crear el Sistema Nacional de Agua y Saneamiento como mecanismo permanente de coordinación entre federación, estados, municipios y organismos operadores.

Reducir la duración máxima de las concesiones de 30 a 15 años considerando la sustentabilidad y la disponibilidad del recurso.

Definir el tratamiento de aguas residuales y declararlo de interés público.

Promover la reutilización del agua. Reconocer las Soluciones Basadas en la Naturaleza como la captación de lluvia e infiltración como parte de la gestión hídrica.

La iniciativa fue turnada a Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hidráulica y de Estudios Legislativos, Primera para su análisis y discusión.