Legado educativo sin caducidad que estudiar no se vuelva cosa de edad

El Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar el artículo 1466 del Código Civil para el Distrito Federal, con el objetivo de que el legado de educación no “caduque” automáticamente al cumplir la mayoría de edad, sino que pueda extenderse conforme a la voluntad expresa del testador.

Rubio explicó que la legislación actual limita el legado educativo al momento en que la persona beneficiaria cumple 18 años, aun cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el derecho a la educación superior no termina con la mayoría de edad, sino hasta que concluye la formación universitaria.

“Hoy la ley dice: ‘ya cumplió 18, se acabó’. Pero la realidad es otra. Muchas familias quieren garantizar que sus hijos o dependientes terminen una carrera. La voluntad del testador debe respetarse; estudiar no debería ser un privilegio sujeto al calendario civil”, afirmó el legislador.

La iniciativa propone agregar una precisión clara: El legado educativo durará hasta la mayoría de edad, salvo disposición expresa del testador.

Con ello se reconoce que:

         •       La voluntad del testador no puede ser limitada por una disposición local.

         •       El derecho a la educación abarca la formación superior.

         •       La propia Constitución, tanto federal como local, establece que la educación es un derecho progresivo que debe garantizarse en todos los niveles.

Rubio señaló que esta reforma ayuda a cerrar un vacío legal que perjudica principalmente a jóvenes que dependen de un apoyo testamentario para continuar sus estudios.

“No podemos permitir que una mala redacción legal termine frenando el futuro de alguien. Si el testador quiso apoyar hasta la universidad, la ley debe permitirlo y respetarlo. La educación no se suspende por cumplir 18 años”.

Finalmente, el diputado subrayó que esta modificación no sólo armoniza la legislación local con criterios constitucionales y jurisprudencias de la Suprema Corte, sino que da certeza jurídica a las familias y coloca la educación como prioridad, sin trámites innecesarios ni interpretaciones restrictivas.