La violencia hacia niñas, niños y adolescentes debe atenderse en territorio, no en videojuegos

Tras el rescate de tres niños en Oaxaca, víctimas de un intento de reclutamiento por parte del crimen organizado para realizar labores como halcones, las autoridades del Estado mexicano deben desarrollar una estrategia integral de seguridad y prevención con enfoque de derechos, que garantice la protección de esta población ante el incremento de la violencia armada en el país.

De acuerdo con la denuncia hecha por la Secretaría de la Seguridad Pública (SSP) y Protección Ciudadana del Gobierno de México (PVGMX), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que lo sucedido en el denominado “Caso Free Fire”, desenvuelven niños, niñas y adolescentes, para realizar labores de reclutamiento, mediante el uso de plataformas digitales como videojuegos y redes sociales, tal como ocurrió con estos tres niños

“Caso Free Fire”, nombre con el que se identifica el juego digital usado como medio para captar a los tres niños, revela el alcance en la diversidad de las operaciones delincuenciales hacia todo tipo de espacios de convivencia y socialización.

En REDIM queremos dejar claro que ni los videojuegos ni las plataformas digitales son las responsables de las violaciones en contra de los derechos de nuestras infancias en México.

Por el contrario, estas plataformas son lugares de comunicación, de acceso a la información y expresión de las propias opiniones, que en el contexto de resguardo por la pandemia aumentó la participación y socialización digital. Es una falsa solución pensar que se deben prohibir los videojuegos o retirarlos como la forma de atención a un problema estructural de violencia que aún no resuelve el Estado.

Tal como lo hemos señalado en nuestro informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, ellas y ellos son víctimas permanentes de las desigualdades sociales y económicas y muy especialmente, de la violencia generalizada y armada que toca a la niñez y adolescencia y que los hace vulnerables de caer en las manos de grupos criminales.

También carecen de posibilidades de participación en una sociedad adultocéntrica que les expulsa una y otra vez de espacios de reconocimiento.

Es necesario que se tipifique el reclutamiento, en cualquiera de sus modalidades, dentro de los delitos que deben ser castigados en nuestro país. Buscar, investigar y juzgar a quienes realizan estas prácticas contra las infancias tiene que ser una prioridad del Estado y sus autoridades.

De acuerdo con nuestro último estudio sobre el tema –realizado con el Observatorio Nacional Ciudadano– en México la población entre 0 y 17 años en riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos ascendía entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en 2020. El Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla y Guanajuato concentran 41.5% de esta población en riesgo.

Hay una dificultad real en el hecho de que el Estado carece de cifras oficiales que permitan dimensionar y dar puesta en marcha a una estrategia para prevenir que las infancias sean víctimas de redes y grupos delictivos, mediante el reclutamiento incluso virtual, como sucedió en esta oportunidad.

La atención y prevención de las diversas formas de violencia a las que están expuestos niños, niñas y adolescentes, y en especial, ante la violencia armada en México, no puede hacerse desde un enfoque coyuntural como si se tratara de situaciones especiales o particulares. La violencia generalizada, que encuentra en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes una de sus peores expresiones, requiere ser abordada desde una política pública de Estado y sus autoridades, donde se reconozca el delito de reclutamiento y, sobre todo, a niños, niñas y adolescentes como víctimas de estos delitos y como sujetos de derechos, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, conforme lo establece nuestra Constitución.

Es urgente, además, que haya atención y seguimiento particular a las acciones de prevención de la violencia ya encausadas en la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), estrategia articulada por el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con un enfoque de derechos humanos que evite criminalizar a niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias, víctimas principales de las violencias y desigualdades.