La violencia digital sí es delito y por eso se vincula a proceso penal

La notoriedad que ha alcanzado en redes sociales la detención de una persona catalogada como influencer, detenida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Ésta es solamente uno de los casos que por sus características mediáticas hoy se discute desde los medios, sin embargo, la cruel realidad es que la violencia en redes sociales está presente todos los días.

Desde el Senado se aprobò una modificación que incluyó la violencia digital, sentenció la senadora Lupita Saldaña Cisneros.

Explicó que el suceso exhibido a través de diferentes redes donde se involucra a quienes en el momento de ser grabado el video eran menores de edad y que después el hecho se retomó con el título de “Patética Generación”, renueva la discusión en torno a diversos aspectos que en su momento se abordaron en el Senado, como la naturalización de la violencia y el impacto masivo a través de las plataformas.

“Cuando se analizaba la modificación al Código Penal Federal, leímos testimonios y escuchamos de primera mano la historia de Olimpia, quien fuera una de las impulsoras para que la ley cambiara y que se incluyera el delito a la intimidad sexual. Aquel ejercicio de discusión que concluyó con la aprobación por parte del Senado, hoy representa un elemento fundamental para la impartición de justicia no sólo de este caso mediático, sino de todas las personas por igual”, sostuvo.

La senadora indicó que las publicaciones tienen consecuencias y que interactuar en redes exige responsabilidad, que argumentos tales como: yo sólo lo compartí, no soy culpable porque ni estaba cuando se grabó; tomé las fotos pero era una broma; envié el video porque es de una buena fuente, en los cuales se reproduzca o permita la difusión del discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad también se considera delito

“La violencia digital es una realidad por eso se legisló al respecto, para eso existen las leyes. Compartir imágenes, videos o audios con contenido íntimo sexual sin la autorización de la persona involucrada es delito y como tal hay consecuencias independientemente de que se trate de una persona popular”, concluyó Saldaña Cisneros.