La reforma electoral: más allá de los plurinominales, amenaza democracia

Para el Frente Amplio por México, el debate sobre la reforma electoral no se limita a los legisladores de representación proporcional. A partir de los anuncios públicos realizados desde la Presidencia de la República y del trabajo de una Comisión integrada exclusivamente por funcionarios del oficialismo, han quedado sobre la mesa definiciones que comprometen pilares esenciales del sistema democrático.

Si bien la representación proporcional al voto ciudadano es de enorme trascendencia para el pluralismo democrático, la reforma electoral no se reduce a ese punto y plantea riesgos adicionales que deben ser discutidos con la misma seriedad.

Las declaraciones presidenciales han anticipado objetivos que obligan a una discusión de fondo: la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); el método de designación de consejeras y consejeros electorales; la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs); el financiamiento público a los partidos políticos; la utilización de recursos públicos y de personal gubernamental con fines partidistas; así como la presumible penetración de recursos de origen ilícito en los procesos electorales, lo que vuelve indispensable reforzar los mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas para proteger la legalidad y la equidad en la competencia.

Reducir el presupuesto del INE bajo el argumento de “abaratar las elecciones” no puede traducirse en debilitar al árbitro electoral, limitar sus capacidades operativas ni mermar los sistemas de vigilancia. La experiencia reciente demuestra que elecciones organizadas con menos recursos y menor control erosionan la confianza ciudadana.

De igual forma, disminuir el financiamiento a los partidos sin corregir las asimetrías existentes afecta la equidad democrática. Morena no compite hoy en igualdad de condiciones: cuenta con el control del aparato gubernamental y con estructuras financiadas desde el poder. En este contexto, reducir recursos no equilibra la competencia; la distorsiona.

La eventual elección popular de autoridades electorales, así como el debilitamiento o desaparición de los OPLEs, abriría la puerta a su captura política, con efectos especialmente graves en regiones donde la presión criminal es elevada.

El Frente Amplio por México sostiene que cualquier reforma electoral solo puede ser legítima si surge del consenso, del diálogo plural y transparente, y si tiene como objetivo fortalecer —no debilitar— las condiciones de equidad, libertad y certeza que permiten elecciones confiables.

No se trata de oponerse al cambio, sino de defender las reglas que garantizan que la ciudadanía pueda, con su voto libre, poner y quitar a sus gobernantes. La democracia no se reforma desde la imposición ni la opacidad, y ese es un principio que este Frente seguirá defendiendo.