La limpieza es indispensable para laboratorios, aulas y oficinas.

Empleados de la firma Joad Limpieza y Servicios, que laboran en instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se han agrupado para exigir el pago de sus quincenas atrasadas, que aún les adeudan.

“De no pagarnos, vamos a tener que manifestarnos en las oficinas del director general del IPN, para que nos den solución. No es posible que esta empresa no tenga los pagos a tiempo para sus empleados”, afirmó en entrevista Eugenia López Hernández, afanadora que labora para "Joad Limpieza" en esta institución educativa superior.

En repetidas ocasiones, esta empresa –que provee de servicios de limpieza en instalaciones del IPN– se ha visto envuelta en escándalos recientes al dejar plantados a sus empleados con el pago de sus quincenas y no proporcionarles químicos y uniformes para sus labores diarias.

“Esto es un caos, porque nosotros nos quedamos sin limpieza profunda en laboratorios, aulas y lugares de paso común, que ahora con la pandemia, la situación se convierte en delicada, incluso, de vida o muerte», afirmó Mario López García, académico del IPN consultado sobre el tema.

En días recientes, la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) denunció una serie de irregularidades, al detectar diversos actos de corrupción en los procesos de licitación de productos o servicios, como lo es el servicio de limpieza del IPN.

Por ello, hizo un llamado al presidente urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ordene, de manera inmediata, hacer una investigación profunda, y evitar poner en riesgo a la comunidad politécnica.

Jorge Hernández, abogado de la Conapro reveló que el Órgano Interno de Control del IPN recibió una petición para dejar sin efectos el contrato IA-011B00001-E32-2022 asignado a Joad Limpieza y Servicios por incumplir en la documentación, entre otras irregularidades durante el proceso.

“Funcionarios públicos moldean, analizan y aprueban los mecanismos jurídicos, administrativos o técnicos para hacer que las empresas de su deseo obtengan los contratos”, expresó.

El también director de la oficina de auditoría de la Conapro, explicó que la operación de malos servidores públicos ocasiona que se “pierda la libre competencia; así como el fomento del favoritismo para ciertas empresas amigas, incluso cuando sus propuestas técnicas son ilegibles.

Por su parte, el presidente de la agrupación, Silvio Octavio García Rodríguez explicó un aumento “considerable y sistemático” en denuncias por presuntos actos de corrupción en los procesos de licitación de productos o servicios “a favor de los estudiantes de nivel superior”.

García Rodríguez recordó que existen señalamientos en contra de Javier Tapia Santoyo, Noe Miranda Mendoza y Carlos Ruiz Viquez Cuevas, quienes, entre otros, “saquean las arcas de la institución”, en perjuicio de los alumnos.

Detalló que una auditoría generada por la Conapro, reveló que dentro de los procesos de licitación, funcionarios del IPN como David Eduardo Magaña Martínez, Mayra Paredes Ferrer y Javier Hernández Betancourt, presuntamente alinearon procesos de licitación para favorecer a ciertas empresas.

“Estos funcionarios públicos son responsables de orquestar un verdadero grupo delincuencial que gestionan calificaciones, a favor o en contra de empresas, para refrendar los contratos y dinero público a modo'', sostuvo el ingeniero García Rodríguez.

El presidente de la Conapro destacó que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, a dos años de su encomienda, no contiene la corrupción que perjudica “a los jóvenes que acuden a refrendar su educación superior, al permitir que se siga violentando los procesos de licitación”.