La Ley de Ingresos determina quién pagará la cuenta de nuestro país.

Cualquier ajuste, por pequeño que parezca, se siente en el bolsillo de las familias en México. Se siente en la caja registradora de las micro y pequeñas empresas. Se siente en la competitividad económica y en la credibilidad y productividad del Estado mexicano.

Lo anterior fue vertido por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, al fijar su posicionamiento del grupo parlamentario con relación al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. 29 de octubre de 2025.

Dijo que en primer lugar, las tasas de recargo se presentan como una actualización técnica, se traducen en tasas anuales que castigan a quien busca regularizarse. Un entorno de márgenes apretados y tasas elevadas de financiamiento se traduce en menores facilidades y un mayor costo financiero, justamente cuando miles de contribuyentes necesitan oxígeno para ponerse al corriente.

“Si de verdad se requiere recaudar mejor, el camino es incentivar la regularización con esquemas proporcionales al riesgo y a la capacidad de pago de cada contribuyente, no levantar una muralla que termina expulsando al contribuyente al incumplimiento crónico”, señaló.

Explicó que la retención del 4% para personas morales que venden en plataformas digitales y al 20% para quienes no proporcionan un RFC pudiera parecer una forma de regularizar a las empresas de venta en línea, pero le pega de lleno a la pequeña empresa que migró a las ventas en línea para poder sobrevivir, al productor que encontró en el canal digital una salida para su inventario, al emprendimiento que apenas se sostiene mientras formaliza procesos.

Para el senador Colosio, esta medida de discriminación fiscal digital no afecta a las grandes firmas con asesores tributarios y economías de escala, sino al pequeño contribuyente que quiere crecer su negocio. Esa retención deteriora la liquidez, frena la reinversión, dificulta pagar nómina, desincentiva la adopción tecnológica.

En lo digital dijo que se debe de ser una rampa de crecimiento, no un peaje de castigo. Y no perdamos de vista un efecto colateral. Cuando el cumplimiento se vuelve más complejo y caro para el pequeño, la competencia se reduce, la calidad se pierde y el consumidor termina pagando precios más caros.

De igual manera, a las fintechs se les carga una retención del 20% del Impuesto Sobre la Renta sobre intereses y el 16% de Impuesto al Valor Agregado sobre intereses devengados.

Pidió reconocer con seriedad que las FinTech nacieron para abrir crédito donde la banca tradicional no llegaba, ya fuera por desinterés o por incapacidad geográfica.

Encarecerles la operación significa expulsar nuevos entrantes, significa cerrar puertas a la innovación, significa fortalecer un oligopolio bancario que compite con menos intensidad.

Menos competencia es sinónimo de tasas más altas para el negocio pequeño. Es sinónimo de barreras para emprendedoras y emprendedores. Y es sinónimo de menor inclusión financiera.

Si queremos una economía dinámica, entonces hay que dejar que florezcan los competidores que amplían el crédito, que abaratan costos, siempre con una supervisión proporcional a riesgo y con reglas claras, que no ahoguen al diferente por el hecho de ser diferente y mucho menos al pequeño por el hecho de ser pequeño.

Soy un férreo promotor de la atracción de inversión extranjera, de la innovación, y por supuesto de que México sea anfitrión de grandes eventos de escala global, como la Copa Mundial de FIFA 2026, y que las y los participantes del Mundial encuentren en nuestro país un terreno fértil y amigable, pero en un contexto nacional, donde se cargan nuevas retenciones al pequeño contribuyente digital, resulta una incongruencia liberar de obligaciones y pagos a grandes organizaciones y patrocinadores.

Se renuncia a ingresos que podrían apoyar en salud, en educación, en infraestructura crítica, al tiempo en que se aprieta a las empresas que sostienen la economía cotidiana. Eso es absurdo. O al menos estamos haciendo las cosas al revés.

Por último, respecto del paquete de reservas avalado en la Cámara de Diputados sobre el IVA de aseguradoras. Entendemos la intención de corregir prácticas, pero el trazo adoptado puede quebrar a las aseguradoras pequeñas, puede concentrar más el mercado y trasladar la medida al consumidor reflejada en primas mucho más caras.

El fin puede parecer legítimo, pero el medio no lo es si genera efectos adversos sobre competencia y consumidores. La recaudación no debe provocarse con daños expansivos. Y menos aún cuando se presume como una política de justicia social.

Por falta de rigor técnico y por ceguera regulatoria, terminamos afectando una vez más a quienes pretendemos proteger.

Un Estado que se dice progresista se mide por su justicia fiscal. La proporcionalidad debe estar en el diseño y no quedarse meramente en el discurso.

Si el objetivo es recaudar más y mejor, el camino está entonces en combatir la evasión, grande, con inteligencia fiscal, en cerrar espacios a factureras, en esquemas agresivos de planeación y, por supuesto, en simplificar de verdad el cumplimiento para las micro y pequeñas empresas, en incentivar la  formalización digital con retenciones razonables y devoluciones expeditas, en abrazar la competencia financiera en lugar de sofocarla, y por supuesto, en revisar exenciones y tratamientos preferenciales que no demuestren beneficios netos y medibles para la población.

Hagamos un alto y veamos la película completa. ¿Qué le dice esta reforma a la señora que vende por internet y paga mensajería y empaques y comisiones de plataforma? Que se quedará con menos flujo para reponer su inventario.

¿Qué le dice al taller que financia todos sus equipos con fintech porque el banco le cerró la puerta? Que su crédito ahora saldrá más caro y su margen será más pequeño. O peor aún, que de plano ya no tendrá acceso a ese crédito.

¿Qué le dice al consumidor que compite por mejores precios? Pues que la concentración aumentará y que la competencia disminuirá.

¿Qué le dice a la gente de México que exige a gritos eliminar privilegios? Que mientras le suben el costo de regularizarse al ciudadano de pie, los poderosos siguen recibiendo exenciones por organizar un evento global.

Esta no es la senda de una política tributaria progresiva, responsable y tampoco congruente.

Proponemos otra ruta. Primero, reglas de cumplimiento simples para quien factura poco y contrata poco, con calendarios y plataformas que simplifiquen de verdad.

Segundo, un régimen de retenciones en plataformas que reconozca costos y márgenes, con tasas menores para pequeños y un esquema de devoluciones rápidos que mejore la liquidez.

Y tercero, un marco regulatorio para Fintech que recaude sin asfixiar, basado en riesgo, basado en proporcionalidad, con claridad sobre quién retiene qué y cómo se evita la doble tributación. Y aquí, por cierto, la tecnología resultará la más importante aliada.

La política fiscal debe de ser un instrumento de movilidad social. Recordar bien para gastar mejor, con un enfoque de resultados. Esa es nuestra brújula, la cual todas y todos compartimos por igual.

No se trata de negar la necesidad de ingresos. Se trata de construir ingresos sostenibles, que no destruyan la base productiva porque cuando el pequeño y el mediano pierden, el país pierde también.

Cuando la competencia retrocede, los precios suben y el bienestar cae. Cuando la confianza se erosiona, la inversión se aplaza y el crecimiento se desvanece.

A la mayoría le digo con respeto, no esperen crecimiento cuando encarecen el crédito. No esperen formalidad cuando castigan las ventas en línea. No esperen la confianza del contribuyente cuando privilegian a las empresas grandes al quitarles la poca competencia nacional que tienen. Y no esperen inversión productiva cuando suben el costo de regularizar obligaciones.