La justicia administrativa no puede y no debe ser espacio privilegios

La justicia administrativa no puede y no debe ser un espacio de privilegios ni un refugio de impunidades, debe ser un contrapeso efectivo del Estado, aseguró la senadora Liz Sánchez durante el análisis en el Pleno de los candidatos para ocupar las magistraturas vacantes de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Al posicionar a favor del dictamen, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que la ratificación constituye un paso indispensable para consolidar un tribunal verdaderamente fuerte, independiente y técnicamente competente.

“Debe ser un tribunal institucional, con la fortaleza necesaria para poner límites claros a los excesos y a los abusos de cualquier autoridad”, mencionó.

En este sentido, destacó que los perfiles propuestos además de cumplir con los requisitos de ley, cuentan con trayectorias que reflejan años de experiencia en las áreas más sensibles de la justicia administrativa: la fiscalidad, el control de responsabilidades, el comercio exterior, el litigio contencioso-administrativo y la normatividad que regula la actuación del Estado.

“Toda esa experiencia integrada no es casual; constituye un andamiaje que permitirá al tribunal contar con criterios técnicos sólidos para revisar actos que tienen un impacto directo en la vida de millones de personas: la legalidad de un crédito fiscal, la validez de una sanción administrativa, el cumplimiento de un contrato público o la responsabilidad de un servidor o servidora pública”, aseveró la representante por Puebla.

Liz Sánchez enfatizó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar con rigor frente a cualquier acto arbitrario, impedir que la autoridad fiscal o administrativa utilice indebidamente sus facultades y garantice que cada resolución esté sustentada en la legalidad, la razonabilidad y el interés público.

“México demanda un tribunal que no ceda ante presiones, que no se incline ante intereses especiales y que no normalice la corrupción ni el abuso de poder. Demanda magistradas y magistrados que entiendan que su función no es sólo técnica, sino profundamente ética: proteger al pueblo de decisiones injustas, corregir los excesos institucionales y asegurar que la legalidad sea un derecho y no un privilegio”, aseguró.

Por ello, llamó a los magistrados ratificados a asumir la responsabilidad con independencia, con profesionalismo y con un compromiso absoluto con el pueblo de México.

“Que cada resolución que emitan recuerde que detrás de cada expediente hay personas, familias y comunidades que confían en que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa actuará con justicia, integridad y sentido de Estado”, concluyó.