La informalidad laboral no se puede ver como un asunto menor ni como una estadística abstracta

Se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura de salud o pensión por su empleo. La informalidad laboral no se puede ver como un asunto menor ni como una estadística abstracta, significa que más de la mitad de la población ocupada en México trabaja sin acceso a seguridad social, sin prestaciones y con ingresos inestables.

Así lo advirtió la senadora Verónica Rodríguez Hernández, quien detalló que de acuerdo con datos del INEGI, el 54.8% de las y los trabajadores mexicanos están en la informalidad, lo que equivale a más de 30 millones de personas.

“Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Los trabajadores informales producen, en promedio, la mitad de lo que produce un trabajador formal, lo que limita a la productividad nacional.

Aunque más del 54% de los trabajadores son informales, generan apenas una cuarta parte del PIB. Eso refleja una enorme desigualdad”, señaló al inaugurar el Foro “La informalidad laboral y el empleo”.

Acompañada por el senador Raymundo Bolaños Azócar, explicó que quienes más trabajan, reciben menos; y quienes menos tienen, están más desprotegidos. Además, la informalidad se traduce en pobreza.

En el caso de San Luis Potosí, dijo, el 44.8% de la población vive en pobreza laboral.

La senadora por San Luis Potosí expuso que la informalidad es un fenómeno estructural y multifactorial, pues tiene su raíz en la falta de empleos formales, bajos niveles de escolaridad, la burocracia que dificulta a microempresarios formalizarse y en las brechas de género como la edad y la desigualdad regional.

Por ejemplo, jóvenes, adultos mayores y mujeres enfrentan tasas de informalidad mayores al promedio y en el campo mexicano la informalidad alcanza más del 80%.

Una de las consecuencias graves que puntualizó fue la exclusión de la seguridad social, pues se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura de salud o pensión por su empleo.

Por ello, propuso impulsar más empleo formal mediante inversión productiva, desarrollo regional equilibrado y estímulos fiscales.

“Simplificar la formalización, eliminando trámites engorrosos que hoy resultan una barrera, extender la protección social para que nadie quede excluido de salud, pensión o seguridad laboral, independientemente de su tipo de trabajo”, manifestó.

También propuso capacitar y vincular desde la educación, especialmente en estados como San Luis Potosí, donde el auge industrial debe aprovecharse para vincular a jóvenes, mujeres y comunidades rurales a empleos formales, y abrir espacios de diálogo.

En el foro participaron Héctor Márquez, director General LATAM, AMITAI; José Alfredo Botello Montes, coordinador de Asesores del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio; Omar Rodrigo Escamilla Haro, director Ejecutivo de Estudios del Trabajo, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX; y como moderador Rubén López Malo, presidente del Instituto de Política Laboral.

Gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Yo quiero saludar también al presidente del Instituto de Política Laboral que hoy nos acompaña en este presídium, al licenciado Rubén López, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.

Es un honor darles la bienvenida a este foro en el que abordaremos un tema central para el futuro de nuestro país, la informalidad laboral y el empleo.

Y es que la informalidad laboral no se puede ver como un asunto menor ni como una estadística abstracta. Significa que más de la mitad de la población ocupada en México trabaja sin acceso a seguridad social, sin prestaciones y con ingresos inestables.

Hoy, de acuerdo con datos del INEGI, el 54.8% de las y los trabajadores mexicanos están en la informalidad, lo que equivale a más de 30 millones de personas.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Los trabajadores informales producen, en promedio, la mitad de lo que produce un trabajador formal, lo que limita a la productividad nacional.

Aunque más del 54% de los trabajadores son informales, generan apenas una cuarta parte del PIB. Eso refleja una enorme desigualdad.

Quienes más trabajan, reciben menos; y quienes menos tienen, están más desprotegidos.

Si lo llevamos al terreno social, la informalidad se traduce en pobreza, en pobreza laboral. A nivel nacional un tercio de los hogares no puede adquirir una canasta básica con su ingreso laboral.

En el caso de San Luis Potosí, que es el estado que yo represento, la cifra es aún más grave. El 44.8% de nuestra población vive en pobreza laboral. Esto según datos de México Cómo Vamos, es decir, casi la mitad de las familias potosinas pese a trabajar no ganan lo suficiente para comer adecuadamente.

La informalidad es un fenómeno estructural y multifactorial, tiene raíces en la falta de empleos formales, en los bajos niveles de escolaridad, en la burocracia que dificulta a microempresarios formalizarse y también en las brechas de género: Edad, y desigualdad regional.

Por ejemplo, jóvenes, adultos mayores y mujeres enfrentan tasas de informalidad mayores al promedio y en el campo mexicano la informalidad alcanza más del 80%.

Las consecuencias de esta realidad son graves y les enlisto algunos ejemplos. Menor recaudación fiscal, lo que limita al Estado para invertir en infraestructura, salud y educación.

Exclusión de la seguridad social, se estima que 50 millones de personas en México no cuentan con cobertura de salud o pensión por su empleo y competencia desleal pues las empresas que sí cumplen con sus obligaciones enfrentan mayores costos frente a quienes permanecen en la informalidad.

Frente a este panorama no basta con diagnosticar, debemos actuar. Requerimos impulsar más empleo formal mediante inversión productiva, desarrollo regional equilibrado y estímulos fiscales.

Simplificar la formalización, eliminando trámites engorrosos que hoy resultan una barrera, extender la protección social para que nadie quede excluido de salud, pensión o seguridad laboral, independientemente de su tipo de trabajo.

Capacitar y vincular desde la educación, especialmente en estados como San Luis Potosí, donde el auge industrial debe aprovecharse para vincular a jóvenes, mujeres y comunidades rurales a empleos formales.

En este punto quiero subrayar algo importante. Desde la Comisión de Participación Ciudadana del Senado de la República, que tengo el honor de presidir, tenemos la convicción de que abrir espacios de diálogo como este es indispensable.

Porque los grandes problemas nacionales como la informalidad laboral solo pueden enfrentarse escuchando a quienes lo viven día a día, trabajadores, empresarios, académicos, organizaciones sociales y autoridades. Esa es la forma en que se debe legislar, con apertura, con escucha y sobre todo con participación ciudadana real.

En este foro estaremos hablando de temas como el fomento del empleo formal, el riesgo detrás del ambulantaje, la importancia de los pequeños comercios y las empresas familiares, así como tendremos también un panorama de la situación laboral en la capital del país.

Todo con el objetivo de que recabemos las ideas y propuestas que podamos llevar al trabajo legislativo del Senado.

Por ello espero que este foro sea un espacio para escuchar, aprender y construir propuestas y agradezco al Instituto de Política Laboral, a su presidente licenciado Rubén López Malo y con él a las y los ponentes que hoy nos acompañan, su experiencia y conocimiento.