La fragmentación institucional sí es un problema urgente que debe resolverse

El reciente resultado electoral en Estados Unidos modifica el equilibrio político en ese país, pero no necesariamente sus prioridades hacia México en materia de migración, seguridad bilateral y comercio. Dialogar desde la soberanía con nuestro vecino y mayor socio comercial, y construir soluciones conjuntas, obliga a contar con entornos productivos seguros e instituciones de justicia eficaces.
Es preciso, para ello, combatir las formas de violencia que más alteran las condiciones en que operan empresas, comercios y comunidades. Un foco rojo es el avance de la extorsión y su concentración en corredores económicos estratégicos.
Responder a este delito requiere algo más que estrategias sectoriales. Exige instituciones capaces de coordinarse, compartir información, trabajar de manera conjunta y ofrecer resultados confiables.
Para combatir la extorsión será necesario coordinar y fortalecer áreas tan aparentemente distantes como las policías locales, la inteligencia financiera o la creación de fuerzas de tarea en las fiscalías.
Sin embargo, la fragmentación institucional puede limitar incluso los esfuerzos mejor orientados. Si esto no se resuelve primero, la capacidad organizativa del Estado no podrá superar a la de las redes criminales.
Hoy, México enfrenta el reto de consolidar sus avances en seguridad y adaptar su estrategia internacional bajo una premisa compartida: los resultados sostenibles piden coordinación interna y diagnósticos integrales.
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