LA FARSA

MÉRIDA, YUCATÁN, A 26 DE JULIO DE 2021. En un futuro no muy lejano, una vez de que concluya el actual sexenio, Andrés Manuel López Obrador será recordado como el presidente de la República que marcó un precedente histórico nefasto nunca visto en la vida política de México. No existe un presidente de la República, en los últimos 100 años, que haya dejado un legado profundamente negativo como el que Obrador ha ido sembrando en lo que va de su mandato.

Al término del sexenio la opinión pública hablará de los más de 600 mil muertos como consecuencia del pésimo manejo de la pandemia; hablará de los 200 mil asesinatos por su contubernio con el crimen organizado; de los miles de feminicidios; los cientos de activistas pro derechos humanos asesinados o desaparecidos; las decenas de periodistas ejecutados o a salto de mata; la trágica muerte de niños con cáncer por la falta irresponsable de medicamentos; la corrupción desmedida de la familia presidencial y de miembros de su gabinete entre otros temas en la que el presidente ha impuesto récord.

Sin embargo, la característica singular más destacable del presidente que pinta de cuerpo entero lo que va de su sexenio es su compulsión por mentir.

Andrés Manuel López Obrador será recordado por la sociedad mexicana como el mandatario más mentiroso que ha existido en México.

En ese campo no hay quien le pueda disputar la corona.

Miente todos los días con una seriedad imperturbable.

El director de la consultora política SPIN, Luis Estrada, divulgó un estudio en donde rebela que el Presidente de la República ha dicho 56 mil 181 mentiras en las 641 “mañaneras” que se han realizado en lo que va del primer día de su gobierno hasta el 30 de junio de 2021.

Obrador no se cansa de mentir. Es un mandatario que miente para golpear a sus adversarios, para contradecir a sus críticos y para quedar bien con sus simpatizantes.

La mentira es el signo más distintivo del gobierno.

Una de sus grandes mentiras por consumar es la consulta popular que se realizará el 1 de agosto próximo. Una consulta que será una GRAN FARSA porque no se enjuiciará a los expresidentes como pregona ni tampoco a ningún otro actor político. Una consulta que costará 500 millones de pesos que se podrían aplicar en medicamentos a los niños con cáncer. Una consulta que constituye una burla para la sociedad mexicana.

El presidente y Morena son los principales propagandistas de una mentira más, ambos apuntan sin el menor recato que la consulta popular que se realizará el domingo 1 de agosto próximo es para preguntarle a la ciudadanía si se está de acuerdo o no en que se enjuicien a los expresidentes de la República.

Acción deliberada que constituye una GRAN FARSA cuyo propósito es seguir denostando a sus contrarios. Por eso proponían realizarla el 6 de junio, el día de las elecciones. Pretendían con ello golpear mediáticamente al bloque opositor.

El 1 de octubre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la consulta y modificó la pregunta que Obrador había promovido y que los legisladores de Morena aprobaron. La pregunta original decía: ¿Estás de acuerdo o no con las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Los ministros desecharon dicha pregunta y diseñaron una distinta, entre otras razones porque restringía los derechos humanos, los derechos de acceso a la justicia y el principio de presunción de inocencia.

La pregunta aprobada por 8 ministros de la Corte y que vendrá en las papeletas del día 1 de agosto próximo dirá:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas, tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El ministro Zaldívar Lelo de Larrea dejó en claro que el resultado de la consulta no podrá ser obligatorio para las autoridades de procuración y administración de justicia, incluso si participa el 40% del padrón electoral, ya que los procesos penales están sujetos a sus propias reglas constitucionales.

Queda claro que la consulta popular próxima a realizarse no es para enjuiciar a los expresidentes de la República ni a nadie pues la Constitución y las leyes establecen los procedimientos legales para investigar los delitos e imponer las penas que correspondan.

La ley suprema del país no consigna que la impartición de justicia deba someterse a consulta popular. Para iniciar un proceso judicial se requiere de una denuncia no de una consulta. La justicia no se vota sino se aplica por los órganos especializados establecidos en las leyes del país.

No se puede iniciar ningún enjuiciamiento a nadie a través de una consulta como la que organizará el INE por la sencilla razón de que los ciudadanos no tienen facultades para perseguir el delito, atribución que solo le corresponde a la Fiscalía General de la República como lo establece el artículo 20 y 102 de la Constitución Federal.

Los expresidentes de la República ya no tienen fuero, si cometieron algún delito durante su encargo o fuera de él, es obligación de la Fiscalía General presentar las pruebas que acredite los hechos que les imputan, presentarlas ante un Juez para que a través del debido proceso los declare culpables o inocentes.

Andrés Manuel cifró su campaña mediática para llegar al cargo que ostenta acusando a los expresidentes de toda clase de delitos, sin embargo ahora como Presidente no ha presentado ninguna denuncia y en la peor de las contradicciones ha declarado sin empacho alguno que no votará en la consulta popular.

En noviembre de 2018 AMLO promovió y ejecutó totalmente al margen de la ley una consulta ciudadana para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). La consulta no pasó por la aprobación de las Cámaras Legislativas, no la organizó el INE, no se reunió el 2% de las firmas de los ciudadanos que integran el padrón electoral para legalizar su realización y se ignoró a la Suprema Corte para que definiera su constitucionalidad y trascendencia nacional.

Esa consulta “patito” la organizó la fundación Rosenblueth y Morena, sus militantes rellenaron las urnas y con ello cancelaron un megaproyecto que tenía un avance del 30%, provocando la pérdida de 270 mil millones de pesos y 70 mil empleos, aberración jurídica y política que anunciaba la GRAN FARSA en la que cifraría sus decisiones el actual gobierno.

El rechazo de los mexicanos se verá reflejada en el enorme abstencionismo que se impondrá el 1 de agosto a una consulta popular inútil y absurda, al estilo de la 4T