La democracia exige libertad porque la censura exige obediencia y entrega

"No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa." La libertad de prensa constituye uno de los límites esenciales al ejercicio del poder.

No protege intereses corporativos ni privilegios de los medios de comunicación; garantiza el derecho de la sociedad a recibir información, formar un juicio libre y someter a escrutinio a sus gobernantes.

Por ello, el artículo 6º de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana establecen que ninguna autoridad puede intervenir, directa o indirectamente, en los contenidos informativos.

Reconocer derechos a las audiencias es legítimo. Utilizarlos para ampliar las facultades del Estado sobre el trabajo periodístico no lo es.

El problema no radica en la existencia de mecanismos para presentar quejas. El problema comienza cuando una autoridad adquiere la facultad de decidir si un medio informó "correctamente", fue "plural" o cumplió con criterios cuya interpretación depende del propio poder.

En ese momento, la independencia editorial deja de ser un derecho y empieza a depender de la tolerancia del gobierno. Ninguna democracia consolidada necesita burócratas que supervisen el trabajo periodístico.

Necesita medios libres, ciudadanos críticos y gobiernos dispuestos a rendir cuentas. Todo lo demás se parece demasiado a un sistema de control político.

La censura nunca comienza prohibiendo palabras; comienza otorgando al poder la facultad de decidir cuáles merecen ser escuchadas. La censura empieza con regulaciones aparentemente razonables, órganos administrativos, procedimientos de vigilancia y facultades discrecionales que terminan generando autocensura.

Cuando un periodista sabe que el poder evaluará su trabajo, la libertad deja de ejercerse plenamente. Cada centímetro que avanza la censura es un centímetro que retrocede la democracia.

Cada nueva atribución que el Estado obtiene sobre los medios reduce el espacio de libertad de toda la sociedad. La discusión no gira en torno a una reforma administrativa; gira en torno a los límites que una democracia impone al poder político.

Cuando el gobierno deja de tolerar la crítica, la democracia deja de ser un límite para convertirse en un obstáculo. La pregunta resulta inevitable: si hoy se pretende que el Estado supervise el contenido de los medios de comunicación, ¿qué sigue? ¿Condicionar el debate público? ¿Cancelar las voces incómodas? ¿Desaparecer las elecciones competitivas, como en Nicaragua? Nicaragua y otros países no perdieron su democracia de un día para otro.

Primero debilitaron a la prensa independiente. Después persiguieron a periodistas y opositores. Posteriormente desmontaron el aparato de Justicia y la defensa de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.

Finalmente, convirtieron las elecciones en una mera formalidad y plantearon eliminarlas. La historia demuestra que el autoritarismo nunca llega de golpe; avanza paso a paso, siempre bajo el argumento de actuar en beneficio del interés público.

La ciudadanía que permanece en silencio contribuye a ello: no debemos permitir que unos simples lineamientos, que además vulneran la garantía de reserva de ley constitucional, pretendan colocarse por encima de nuestras libertades.

Toda censura termina sirviendo al poder, nunca a las y los ciudadanos. La libertad de prensa no admite tutela del poder. Quien pretende controlar la información termina, inevitablemente, intentando controlar la democracia.