Justicia electoral, tema sin consenso la Reforma electoral, urge fortalecer
Reformas electorales del pasado permitieron sustituir el modelo de autocalificación por un sistema jurisdiccional garante de la justicia electoral, mismo que es necesario fortalecer.
El diseño del contencioso electoral mexicano ha sido producto de una serie de reformas cuyos resultados han logrado que transitemos de un sistema de auto calificación a uno jurisdiccional que ha hecho de la legalidad uno de los principios rectores de la competencia por el poder en México, de acuerdo con un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
La investigación titulada “La transformación del contencioso electoral en la agenda de reforma política de los grupos parlamentarios”, escrita por Cornelio Martínez López y Mónica Cahuantzi Escobar, destaca que, de todos los temas contemplados por las tres fuerzas políticas, únicamente los grupos parlamentarios de Morena y del PRI proponen modificaciones explícitas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo referente a dos puntos: cambiar la elección de TEPJF y eliminar los Tribunales electorales estatales.
El documento del IBD refiere que MORENA propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los magistrados del Tribunal, mientras que el PRI propone que sea la SCJN quien la realice la elección. Ambos grupos parlamentarios están de acuerdo con eliminar los Tribunales electorales locales.
La investigación apunta que, históricamente, los cambios del contencioso electoral mexicano han buscado ser siempre resultado del acuerdo de las distintas fuerzas políticas, por lo que es previsible que no se logren avances a partir de presiones unilaterales.
Por otro lado, el documento refiere que los esfuerzos para lograr una mayor apertura y acceso de información sobre las tareas de las instituciones en materia electoral –especialmente de los tribunales–, pueden considerar una mayor amplitud de factores asociados a la ampliación del acceso a la justicia electoral de los ciudadanos, además de los costos económicos y su ahorro al ponerlas en marcha.
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