Irregularidades en la actuación de exdelegado del Infonavit en Puebla

El Poder Judicial de la Federación concedió el amparo a la notaría pública y abogada Norma Romero Cortés, al determinar que el entonces delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla, Antonio Kuri Alam, actuó fuera del marco legal al integrar el expediente 114/2020 y al utilizar su cargo para desacreditarla y obstaculizar su ejercicio profesional.

La resolución judicial concluyó que la autoridad responsable eludió la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que derivó en un procedimiento irregular.

“Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el fallo ordena reponer las actuaciones, emitir nuevos acuerdos debidamente fundados y motivados, recabar y perfeccionar pruebas, y resolver conforme a derecho”, destaca la sentencia.

Asimismo, establece que el procedimiento deberá conducirse con perspectiva de género y sin revictimizar a la fedataria, quien promovió el juicio de amparo tras denunciar actos que —sostuvo— afectaron su reputación, su ejercicio profesional y su estabilidad emocional.

Romero Cortés ha destacado por su trabajo en la defensa de los derechos patrimoniales de las mujeres, particularmente en casos relacionados con vivienda, sucesiones y regularización de propiedades. En distintos espacios ha impulsado asesorías jurídicas con perspectiva de género y ha acompañado a mujeres que enfrentan conflictos legales derivados de violencia económica o despojo, lo que le ha dado presencia en el ámbito notarial y jurídico del estado.

Del origen del conflicto al litigio federal. El conflicto se remonta a 2020, cuando legisladores federales solicitaron investigar a Antonio Kuri Alam por presuntamente utilizar su cargo para desacreditar y obstaculizar el trabajo de Romero Cortés.

En un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados se señaló que la disputa tuvo como antecedente una asesoría brindada en 2014 por la Notaría Número 4 a una ciudadana, en un asunto que habría generado la inconformidad del entonces empresario y posteriormente delegado del Infonavit, lo que —según lo expuesto— detonó acciones institucionales que derivaron en el expediente administrativo 114/2020.

De acuerdo con los señalamientos públicos, tras asumir el cargo en 2016, el entonces delegado habría bloqueado, sin motivación ni fundamentación legal, los servicios profesionales que la notaría prestaba al instituto, afectando su patrimonio moral y económico.

La situación escaló al plano personal el 4 de febrero de 2020. Según lo denunciado por Romero Cortés, el entonces funcionario se aproximó a ella en un sitio público y, en tono violento y con un “recargón” agresivo sobre sus hombros, se identificó como “Tony Kuri Alam”. Frente a varias personas la insultó de manera denigrante, llamándola “ratera” y exigiéndole que devolviera “lo robado”, pese a que todos los recursos y juicios promovidos en su contra habían sido resueltos a su favor.

Ante lo que describió como un clima de intimidación y dilación institucional en el expediente 114/2020, el 14 de diciembre de 2020 Romero Cortés presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que expuso las razones de su temor. La queja fue admitida bajo el número CNDH/4/2021/917/Q.

Posteriormente, la CNDH dio vista a la Fiscalía General de la República, que canalizó el caso a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). El 11 de marzo de 2021 se inició la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/00000084/2021.

El 10 de mayo de ese año, la activista compareció ante el Ministerio Público Federal en calidad de víctima directa, donde fue informada de que se le reconocía como víctima por posibles hechos constitutivos del delito de discriminación y que podía acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, opción que decidió aceptar.

Cinco años después del inicio del procedimiento administrativo, el amparo concedido representa un revés judicial a la actuación institucional y obliga al Infonavit a rehacer la investigación bajo el marco legal correcto, garantizando el debido proceso y los derechos de la abogada.