Inédita elección de impartidores de justicia. 18 de las 32 Entidades Federativas

RICARDO MONREAL AVILA. ………………………………

A un año de la elección de la primera Presidenta en la historia de México, se realizó la histórica elección de integrantes del Poder Judicial Federal y de los Poderes Judiciales locales en 18 de las 32 Entidades Federativas.

El común denominador de ambos eventos es la participación, también histórica, del pueblo de México en las decisiones que están dejando una estela de transformaciones en el país.

Con la elección popular y ciudadana del Poder Judicial, se consuma el ciclo de cambio de régimen político que desde la campaña de 2018 ofreció el entonces candidato y luego Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Así como no se puede conservar vino nuevo en odres viejos, un cambio de régimen político no se consuma íntegramente hasta que se modifica también el Poder Judicial, es decir, la forma de impartir y garantizar justicia a la población.

En ese sentido, una reforma judicial es, en el fondo, una reforma política, en tanto que modifica la correlación y el funcionamiento de los tres poderes del Estado. Y la actual reforma judicial -que tuvo su momento fundacional con la primera elección popular en más de 200 años de historia del Poder Judicial en México- viene a modificar de raíz la existencia y el funcionamiento de la impartición de justicia en el país. Que las y los justiciables elijan a sus juzgadoras y juzgadores es la piedra de toque de esta transformación sin precedente.

Por un dogma ideológico y doctrinal, producto del positivismo jurídico, se había considerado herético que las y los jueces pudiesen ser seleccionados mediante el voto universal, directo y secreto. Se pensaba equivocadamente que la independencia y la autonomía judiciales serían sojuzgadas por “las emociones y prejuicios del pueblo elector”. “Eso es populismo judicial”, argumentan todavía los seguidores y malos lectores de Montesquieu y su Espíritu de las leyes.

Desde los autores clásicos de la Ilustración no han sido pocas las críticas jurídicas en torno a la posibilidad de llevar a cabo una elección popular de integrantes del Poder Judicial, lo cual implicaría, a su parecer, una amenaza a la independencia judicial, el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, al politizarse la función jurisdiccional.

“La justicia no se vota”. Quienes así lo consideran, estiman también que este modelo privilegia la popularidad sobre el mérito técnico y la experiencia jurídica.

Por otro lado, en su momento, instancias como la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados dieron cuenta de una tendencia creciente de los Gobiernos a fragilizar la democracia mediante ataques al Estado de Derecho y a la independencia de los sistemas judiciales, pero esto no se traduce en las distintas iniciativas que buscan someter la selección de quienes imparten la justicia a procesos comiciales de carácter popular. Los diferentes aspectos de una eventual politización de la justicia.