Investigaciones sobre crímenes, corrupción y violencia en Vera.

…….EMPOWER…………………… …. Las relaciones económicas y financieras que se dan entre actores empresariales y funcionarios públicos con el crimen organizado en Veracruz, es del dominio público y las autoridades correspondientes nada hacen. Por ello se da a conocer la investigación que busca desvelar los elementos económicos detrás de la extrema violencia ocurrida en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El Estado mexicano ha reconocido la complicidad de las autoridades con redes macrocriminales que capturan al Estado para obtener control territorial y cometer violaciones graves a derechos humanos, como se ha señalado recientemente en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ). En 2018, la organización Empower comenzó a colaborar con grupos de derechos humanos que acompañan a familias de personas desaparecidas en Veracruz y Coahuila, en México. El objetivo de ese proyecto, llamado “La Pista del Dinero: Crímenes corporativos, flujos ilícitos y violencia en México”, fue analizar la violencia en el país y las graves violaciones a derechos humanos a partir de sus dimensiones económicas durante las administraciones estatales de Coahuila (2005-17) y Veracruz (2004-16), donde se señalaron desvíos de recursos públicos y la colusión de servidores públicos y dependencias de seguridad con organizaciones criminales al mismo tiempo que se cometían crímenes graves contra la población civil. Para complementar esa investigación, durante 2019-22 se enfocó en el estado de Veracruz. El resultado, indica que los procesos estructurales de violencia son parte de dinámicas de complicidad entre funcionarios públicos y empresarios con grupos del crimen organizado para aprovechar los flujos económicos de la extracción de recursos naturales en Veracruz, impulsada por la Reforma Energética de 2013, así como los contratos públicos que acompañaron las estrategias de seguridad durante el gobierno de Duarte. Este proyecto forma parte del área de Crímenes graves y Flujos financieros de Empower, una empresa social estadounidense con oficinas en México que investiga los nexos entre empresas, autoridades y crimen organizado como un elemento clave para entender las violaciones graves a los derechos humanos de la población civil en México. El trabajo sobre Veracruz se divide en tres informes: Crímenes graves en Veracruz: Fosas clandestinas y desaparición forzada, Redes Macrocriminales en el sector energético: Vitol y las empresas de Los Zetas en Veracruz, y Flujos ilícitos y Macrocriminalidad: La captura de la transición energética en el estado. Cada reporte se construyó a partir de entrevistas y recopilación de información oficial, que incluye respuestas a solicitudes de acceso a la información dirigidas a instituciones de gobierno, tales como la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la Fiscalía General de la República (FGR), así como búsquedas de fuentes públicas y medios nacionales e internacionales. A través de 71 solicitudes de información y mediante la construcción de una base de datos, se identificaron 661 fosas clandestinas. Además, la FGEV omitió reportar 53 fosas clandestinas que otras dependencias de seguridad sí declararon. Los datos también arrojaron el registro de 987 cuerpos y, al menos, 33,549 restos humanos. El 61% de las fosas clandestinas identificadas por Empower se ubican cerca de proyectos energéticos, por lo que se concluye que hay motivos económicos detrás de la desaparición de personas en el estado. La existencia de fosas clandestinas y el fenómeno de la desaparición forzada son una muestra del control territorial en las relaciones sociales y productivas en Veracruz por medio del uso de la violencia, que tienen como objetivo asegurar las inversiones en el territorio. El control territorial que ha permitido a las empresas instaurarse en Veracruz se ejemplifica con lo sucedido con la empresa multinacional holandesa Vitol, que tuvo como director general en México a un socio de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, fallecido operador financiero de Los Zetas. La corrupción que permitió a Vitol ganar contratos públicos con Petróleos Mexicanos podría haber llevado a la empresa a utilizar la misma red de relaciones y contactos de Pancho Colorado para obtener contratos en la industria de hidrocarburos a través de la figura de Luis Roca Ramisa, director general de Vitol Energy México entre 2012-18. De 2011-13, MTTM Servicios Petroleros (con Roca Ramisa como socio) y ADT Petroservicios (con Pancho Colorado como accionista) obtuvieron conjuntamente contratos con Pemex para realizar mediciones en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), del cual Veracruz forma parte. En 2014, Vitol Energy México ganó contratos con Pemex para extraer hidrocarburos en las mismas áreas del AIATG, cuando Roca Ramisa ya era su director general. Próximamente, publicaremos el informe Corrupción a Gran Escala en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz: Elementos económicos para entender graves violaciones a derechos humanos, en el cual se expone cómo altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se beneficiaron, a través de empresas fantasma y redes de prestanombres, para desviar recursos que eran parte del presupuesto que debía utilizarse para combatir a los grupos armados y la inseguridad en el estado durante el sexenio del exgobernador Duarte. Con estas investigaciones, el área de Crímenes graves y Flujos financieros de Empower busca demostrar que la violencia que se ha vivido y se vive en Veracruz tiene un componente económico que liga las operaciones de extracción de recursos naturales, el control territorial, las fosas clandestinas y la desaparición forzada con el desvío de presupuestos y actos de corrupción dentro de las principales secretarías del gobierno estatal.