Intervención del SCJN ante violación de los derechos humanos en el IPN.

…. EDMUNDO OLIVARES ALCALA……… El colectivo Justicia Transversal Mexicano (JTM), urgió al ministro Arturo Zaldívar Lelo Larrea, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intervenir de manera urgente ante una solicitud de amparo que quedó en “el limbo” en contra de funcionarios del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por violar los derechos humanos.

El titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del primer Circuito Judicial en la capital del país sobreseyó dicha solicitud de amparo y dejó vulnerable a las personas que acusaron hechos de corrupción al interior de la institución de educación superior.

El abogado del colectivo Mauricio Santiago Eder afirmó que ya se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) --que dirige Rosario Piedra Ibarra-- ya que, la audiencia constitucional fue diferida en diversas ocasiones.

“Realizándose hasta el 4 de abril de 2022 y que la sentencia dictada fue en sentido de sobreseer el juicio sin tomar en cuenta las cuestiones argumentativas que hizo valer”, explicó el jurista del colectivo.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene una investigación por presuntas acciones fraudulentas en perjuicio de la comunidad del IPN, en materia de conectividad en internet y telefonía digital.

Se trata, relató, de una compra simulada, donde autoridades de esta institución desviaron 9 millones de pesos del erario en contra de empresas del sector tecnológico que realizan sus operaciones en México.

A decir de la autoridad ministerial, funcionarios de la dirección general de Cómputo y de Comunicaciones del IPN exigieron, en contubernio con Telecomunicaciones VG y Asociados, 6 millones de pesos a cambio de pagar 9 millones 257 mil pesos que se adeudan a firmas que ya realizaron los trabajos de mantenimiento.

Tras ganar el contrato IPN-PS-LICI-020-2021, funcionarios de la institución, que dirige Arturo Reyes Sandoval, se negaron a firmarlo, sin antes pactar una comisión que equivale a una tercera parte del monto total, es decir, una comisión de 6 millones de pesos.

Hoy, los servicios prestados al IPN no se han cobrado debido a la carencia de firmas en los contratos, por lo que se promovieron denuncias y un juicio de amparo, que le tocó conocer a Dinorah Hernández Jiménez, jueza novena de distrito en materia administrativa, quien llevó a cabo la audiencia constitucional dejando doblemente vulnerables a la víctimas.

“Los presuntos hechos de corrupción ya los investiga la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Función Pública, pero se necesita la pronta acción del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar dejar en el desamparo a las víctimas”, expuso.

Sostuvo que, dentro de la indagatoria ministerial, se detalla que quedó vulnerado el derecho de la conexión de internet y telefonía digital de la comunidad politécnica, al quedar comprometidos el servicio de mantenimiento, que gastas el momento no se ha liquidado.