Interrogatorios alejados de tortura, PJCDMX primero en el mundo recibir capacitación sobre materia

Jueces, personal médico y psicológico del órgano judicial capitalino, en total 78, recibieron capacitación sobre los llamados Principios Méndez, para evitar la práctica de interrogatorios coercitivos que deriven en confesiones forzadas

Al iniciar el taller, y en representación del presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la magistrada Leticia Rocha Licea destacó que la prevención es el eje para combatir los actos que violentan los derechos humanos.

Un total de 78 servidores públicos, entre jueces, personal médico y psicológico del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), participaron en un taller sobre los Principios Méndez, también conocidos como Principios sobre Entrevistas Efectivas, cuyo objetivo es que los encargados de la administración de justicia y de hacer valer el estado de derecho se alejen de la práctica de interrogatorios coercitivos que deriven en confesiones forzadas, a partir de la tortura.

Así, el PJCDMX se convirtió en el primer órgano judicial en el mundo en recibir esta capacitación, a cargo de especialistas de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, la cual cuenta con más de 40 años de experiencia, dedicada a brindar asesoría en la materia en todo el mundo.

En el inicio de la capacitación, y en representación del presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, la magistrada Leticia Rocha Licea afirmó que la prevención es el eje fundamental para el combate de los actos que violentan los derechos humanos, y aseguró que los Principios Méndez representan un cambio de paradigmas que pueden salvar vidas.

“Con el conocimiento de quienes imparten justicia en esta ciudad y de esta herramienta de transformación, estamos ciertos de que abonaremos en prevenir y sancionar la tortura; esta labor depende de personal médico, de psicología, de juezas, jueces, magistrados, magistradas, de todos nosotros, y este Poder Judicial es el primero en el mundo en recibir este importante material, lo que implica una gran responsabilidad”, comentó.

Bajo la premisa de que un interrogatorio coercitivo y las confesiones forzadas perjudican la eficacia de las investigaciones y de la administración de justicia, los jueces y personal médico y psicológico de la institución recibieron los fundamentos de los Principios Méndez, con el propósito de ejercer sus funciones con apego a sus postulados.

Mediante estos, los servidores públicos reforzarán el estado de derecho con la aplicación de salvaguardas desde el momento en que una persona es detenida o interrogada; recopilarán datos mediante técnicas de entrevistas basadas en la confianza, lo que ayudará a contar con información precisa y confiable, y se beneficiará al sistema judicial y a los cuerpos de seguridad con el aumento de confianza de la ciudadanía a las instituciones del Estado.

Estos principios, en el contexto de la función judicial, permiten la exclusión de pruebas contaminadas por la tortura y las confesiones falsas, con lo que disminuye en el proceso la información poco fiable, los casos de condenas o absoluciones erróneas y los errores judiciales.

Con ello, se salvaguarda la integridad de los procesos judiciales, la eficacia de la administración de justicia y se fortalece el estado de derecho.

Los Principios Méndez son producto del trabajo de expertos de la policía, investigadores, actores de los sistemas de justicia, defensores de derechos humanos de todas las regiones del mundo y de diversos sistemas jurídicos.

Los también denominados Principios sobre Entrevistas Efectivas, según la APT, no son un manual de formación, sino que ofrecen una orientación práctica sobre cómo reforzar los derechos humanos y la administración de justicia.

En la inauguración del taller, efectuado en el auditorio Benito Juárez del PJCDMX, estuvieron la asesora para América Latina y Monitoreo de la APT, Sara Vera López; el magistrado de la Séptima Sala Penal, Enrique Cedillo García; la directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del órgano judicial, Yolanda Rangel Balmaceda, y de manera remota la secretaria general adjunta de la organización con sede en Ginebra, Suiza, Audrey Olivier Muralt.