Inteligencia Artificial podría mejorar calidad del trabajo legislativo. Urge
La Inteligencia Artificial está transformando el mercado laboral, las necesidades educativas y la productividad del país.
Actualmente, México carece de una regulación especifica para el aprovechamiento y desarrollo de esta tecnología disruptiva.
La Inteligencia Artificial se ha convertido en una de las tecnologías más relevantes de nuestra época, y su uso en el Poder Legislativo podría tener un impacto significativo en la eficiencia, transparencia y calidad de las decisiones públicas, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El documento titulado “El uso de la IA en el Poder Legislativo”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que los sistemas disponibles en la actualidad podrían ser aprovechados para tomar decisiones más informadas, optimizar los recursos, mejorar la comunicación de las y los legisladores con la ciudadanía y hacer más eficiente el proceso legislativo.
Por otro lado, la investigación refiere que la adopción de la Inteligencia Artificial en el Poder Legislativo también supone limitaciones y riesgos importantes que deben tenerse en cuenta.
Algunos de estos riesgos son: el uso de información imprecisa y desactualizada, la importación de soluciones no adecuadas para las realidades del país, problemas de plagio, la dependencia tecnológica, el mal uso de los datos personales e institucionales y los peligros cibernéticos que podrían vulnerar los sistemas que son usados por las instituciones para el cumplimiento de sus funciones.
El estudio apunta que, actualmente, México carece de una regulación que sirva para promover el desarrollo ordenado y el aprovechamiento seguro e incluyente de la Inteligencia Artificial, aunque es inminente que el Congreso aborde estos temas, dada la velocidad e intensidad de los cambios que esta tecnología está trayendo consigo.
En este sentido, la investigación considera que es necesario que las y los legisladores trabajen en una legislación que garantice el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial, y que al mismo tiempo fomente su desarrollo e innovación en beneficio de la sociedad.
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