Integrante de la Unión Campesina Democrática denuncias abusos de las autoridades del Edo Oaxaca

Los campesinos de Santo Domingo Teojomulco, Oaxaca solicitan a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, la libertad de tres comuneros retenidos injustamente.

Piden a los medios de comunicación y a la opinión pública, apoyarlos en su denuncia enérgicamente la privación de la libertad de tres comuneros: ISMAEL MORALES ZÁRATE,  ANTONIO DE JESÚS PÉREZ AMAYA y  MARTÍN ANTONIO SANTIAGO, de la Comunidad Indígena Zapoteca de San Pedro el Alto, Municipio de Zimatlán, quienes, desde el 13 de octubre de 2026 permanecen en poder de Santo Domingo Teojomulco;   reclamamos  a las autoridades competentes su libertad inmediata.  

Asimismo, denunciamos que después de 9 días se exige para su liberación que San Pedro ceda parte de su territorio, lo que constituye una petición de Rescate situación que agrava la comisión del Delito convirtiéndolo en Secuestro.

Exigir una concesión territorial a cambio de devolver la libertad a personas retenidas constituye un hecho de extrema gravedad y aporta un elemento central para investigar los hechos como secuestro.

El comunicado oficial emitido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca el 17 de octubre de 2026 reconoce que los tres ciudadanos de San Pedro el Alto permanecen retenidos por Santo Domingo Teojomulco; que personal del Gobierno del Estado tuvo contacto con ellos, y que, pese a esto, el Cabildo determinó mantener su Secuestro.

Este pronunciamiento oficial confirma que el Gobierno del Estado tiene conocimiento directo de la situación. Por tanto, exigimos que su intervención se traduzca en acciones concretas, eficaces y verificables para garantizar la libertad, la integridad y la seguridad de nuestros compañeros, pues que una autoridad tenga conocimiento del secuestro y haya establecido comunicación con las personas afectadas no significa que la situación esté resuelta.

Mientras nuestros compañeros no recuperen su libertad, la emergencia continúa. La propia Secretaría señala que los comuneros manifestaron haber recibido alimentos, y no haber sido agredidos.

Sin embargo, esas circunstancias no equivalen a la recuperación de su libertad ni justifican que continúen secuestrados.  ¡La alimentación no sustituye a la libertad y no convierte una retención en voluntaria! ¡El diálogo no legitima que se mantenga privada de su libertad a ninguna persona!

Demandamos que las autoridades competentes adopten medidas inmediatas para garantizar la liberación de nuestros tres compañeros, verificar su estado físico y emocional, protegerlos frente a cualquier riesgo y realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Sin embargo, su propio comunicado confirma que, después de esa intervención, el secuestro continua.

Por ello, cuestionamos que la respuesta institucional se centre en mantener la interlocución y promover la conciliación, sin que se informe de resultados efectivos que hayan restituido la libertad de nuestros compañeros.

La conciliación puede contribuir a la paz, pero no puede utilizarse para normalizar un secuestro. UNIÓN  CAMPESINA DEMOCRÁTICA “TIERRA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD” La SEGO debe informar qué medidas concretas ha promovido, qué autoridades competentes han sido notificadas, qué acciones de protección se han dispuesto y cuáles son los resultados verificables de su intervención.

Esto significa una accion real de justicia lo contrario es impunidad para la Delincuencia Organizada que dirige Teojomulco y posible Complicidad. No basta con declarar que la prioridad es la integridad de las personas.

Esa prioridad debe reflejarse en actuaciones eficaces que garanticen su liberación y seguridad. Advertimos que cualquier lesión, agresión, desaparición, afectación a su integridad física o psicológica o atentado contra su vida debe ser investigado de manera inmediata, y exigimos que se determinen las responsabilidades que correspondan a quienes hayan intervenido o incurrido en omisiones jurídicamente relevantes.

El Gobierno Federal tampoco puede desentenderse de la protección de los derechos humanos; el Gobierno del Estado no puede limitar su actuación a la interlocución política, y las autoridades municipales competentes no pueden permanecer al margen de las acciones que legalmente les correspondan. Exigimos coordinación institucional efectiva, medidas de seguridad adecuadas y una respuesta urgente.

Ninguna autoridad debe escudarse en la distribución de competencias para justificar la falta de actuación. La Comunidad de San Pedro el Alto ha defendido su territorio por las vías legales y continuará haciéndolo.

No buscan la confrontación; exigen justicia, respeto a sus derechos agrarios y protección efectiva para los comuneros.

La paz no se construye pidiendo paciencia a quienes padecen una vulneración de sus derechos, sino haciendo cumplir la ley, protegiendo a las personas y evitando que la fuerza se imponga sobre el estado de derecho.