Iniciativa para reconocer derechos la ley de bebé seguro de la CDMX

Aunque los derechos de los niños se encuentran regulados en la Constitución Federal, la legislación de la Ciudad de México, va más allá de la regulación por lo que a menores de edad se refiere, y es así que distingue como bebé a los menores de 0 a 12 meses de vida.

El Diputado del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México, Ricardo Rubio, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5º de la Ley de Bebé seguro a efecto de incluir más derechos en su favor en el ordenamiento local.

Esta ley establece los principios que se reconocen en su favor, pero “se queda corta” al parecer del legislador, pues hacen falta màs derechos por reconocer.

Aunque la ley vigente reconoce algunos derechos en favor de los bebés, como: el derecho al interés superior del menor, a la equidad y a la seguridad alimentaria; hace falta reconocer muchos otros derechos como el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a la interculturalidad.

Por lo que se refiere a los derechos de la niñez, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990.

Anteriormente había suscrito convenios internacionales sobre temas de adopción y edad mínima para contraer matrimonio, y en fechas sucesivas entraron en vigor los Protocolos facultativos sobre la participación de niñas y niños en conflictos armados, y para prevenir y sancionar la utilización de niñas y niños en pornografía y prostitución infantil, así como la Convención de la Haya sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional.

“La ley de bebé seguro, en su artículo 5º señala los principios rectores esa Ley. Sin embargo, consideramos que deja algunos principios fuera, que sí se contemplan en la legislación federal, y en tratados internacionales, lo que motiva a la presente iniciativa de reforma.

Por ello, queremos establecer màs principios en la ley, que beneficiarán a todos lo bebés de la CDMX”, concluyó el también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.