Iniciativa para la prohibición de espectáculos con los animales

En la jornada de cierre de actividades del parlamento abierto respecto a la iniciativa ciudadana preferente para la prohibición de espectáculos públicos y privados con animales, las personas que se inscribieron para hablar a favor y en contra de ésta expusieron diversos argumentos, que serán fundamentales para emitir la dictaminación correspondiente.

La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso capitalino, señaló que es fundamental contar con datos precisos sobre la derrama económica y las ganaderías con presencia en la Ciudad de México; y observó que si bien se ha expresado que existe presencia de la práctica taurina en barrios y pueblos originarios, no se ha precisado en cuáles de éstos tiene este arraigo.

Asimismo, pidió profundizar sobre el cumplimiento y los preceptos de la norma 033- SAG/ZOO-2014, en la cual se establecen los métodos para dar muerte a los animales que permitan garantizar adecuados niveles de bienestar y disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés.

La legisladora Martha Avila (MORENA) solicitó a las y los ponentes analizar la posibilidad de que se regule el espectáculo taurino y se realice sin laceraciones ni lesiones a los toros.

El diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) comentó que personas comerciantes asistentes al parlamento abierto, aseguraron que hay disminución en el aforo de la Plaza de Toros México, por lo que por lo que musicales y otros espectáculos, por lo que se deben exponer datos sobre este panorama, y argumentar por qué debe permanecer la actual excepción en que recae la fiesta brava, cuando las leyes prohíben el maltrato y crueldad contra animales.

Al respecto, las personas expositoras en contra de la prohibición coincidieron en que no se deben quitar elementos esenciales de la fiesta brava en México, como son aquellos que derivan en lesiones al toro de lidia; e insistieron en que existen reglamentos taurinos que pueden adaptarse a los ordenamientos actuales sin retirar esa parte del ritual.

En su participación, la taurina Fabiola Murrieta mencionó que la derrama económica de la fiesta brava en México es de aproximadamente seis mil 900 millones de pesos, y se estima la creación de 80 mil empleos directos y 146 mil empleos indirectos; con un valor agregado de esta industria por cada peso de producto primario de 17.5 pesos generados a lo largo de una compleja cadena productiva.

“A los taurinos nos gusta ver y contemplar a los animales completamente en su entorno”, afirmó Mario Zulaica, gerente de la Plaza de Toros, quien cuestionó la reducción de la naturaleza de los animales de compañía. Enfatizó que nunca hay que hacer de la muerte humana un espectáculo, pero los toros tienen una condición desde su crianza y naturaleza, pues requieren de la práctica taurina para seguir envistiendo, no sufrir estrés ni congestión arterial.

Informó que, en nueve años, teniendo tres de suspensión por pandemia, se ha tenido una asistencia de un millón 155 mil 384 aficionados en la Plaza de Toros México, y su valor estimado en 2024 alcanzó los 148 millones 500 mil pesos dentro del inmueble, mientras que afuera asciende a 205 millones 811 mil 472 pesos, lo que da un resultado total de 350 millones de pesos.

En su presentación, el abogado Raúl Pérez Johnston, afirmó que las corridas de toros, novilladas, rejoneos y peleas de gallos pueden ser reguladas, pero no prohibidas.

Detalló que de acuerdo a la Constitución local los espectáculos públicos con animales deberán realizarse de conformidad con la naturaleza del mismo y su relación con los seres humanos, es decir, no todos pueden ser tratados de la misma forma y se debe clarificar qué se entiende por maltrato y qué se debe prohibir.

La indígena purépecha y etnóloga, Hania Concepción Sánchez Santiago habló del proceso de aculturación de los pueblos a partir de la conquista española, incluyendo esta tradición donde la sangre se derrama y se practica tortura, la cual no se debe permitir; pues las peleas de gallo y acciones violentas contra personas, realizadas en pueblos originarios no deben enmarcarse en una tradición y deben dejarse fuera del avance de una sociedad que busca fortalecer sus derechos fundamentales