Informe de la sociedad civil mexicana al Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos), revisará en su Sesión 145 (02 mar. 2026 - 19 mar. 2026) en Ginebra el informe periódico de México.

Ante la convocatoria del CDH, un grupo de organizaciones mexicanas preparó un informe sobre diversos temas de preocupación que, vistos en conjunto, configuran un peligroso escenario para la democracia y el ejercicio libre de los derechos en México.

Las violaciones generalizadas a los derechos humanos no son nuevas en México. Así lo han constatado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura en sus informes de 2014 y 2017; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015; el Sub-Comité para la Prevención de la Tortura en 2018; el Comité contra la Tortura en 2019; el Comité de Desaparición Forzada desde 2015 hasta la fecha y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en 2024, entre otros.

Sin embargo, recientemente se ha aprobado una serie de leyes y reformas que menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, tres elementos fundamentales para una democracia sana. Los cambios más profundos tuvieron lugar durante 2024 y 2025, a partir de una sobrerrepresentación política en el Congreso de la coalición en el poder, cuestión que ha reducido drásticamente los incentivos para el debate público y la deliberación democrática. Como se detalla en el informe, el alcance de estas modificaciones genera condiciones sistémicas para el abuso de poder y el autoritarismo.

El informe destaca las afectaciones a la garantía de derechos en los siguientes temas: la reforma al amparo; la vigilancia digital; la vigilancia militarizada; los ataques a la libertad de expresión; el aumento en el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa; los malos tratos y tortura que viven las personas privadas de la libertad dentro del sistema penitenciario, así como el maltrato que padecen las personas migrantes durante su tránsito por México. Asimismo, analiza las maneras en las que la reforma al poder judicial, los retrocesos en transparencia y las restricciones fiscales y operativas para las organizaciones de la sociedad civil han supuesto un deterioro de los pesos y contrapesos democráticos.

Finalmente, resalta la falta de rendición de cuentas asociada con la profundización de la militarización, así como la persistente impunidad, ejemplificada en el fenómeno de la desaparición generalizada de personas.

La falta de garantía de derechos, de rendición de cuentas y de contrapesos al poder reta a la soberanía popular y, con ello, a la democracia. La impunidad traducida en aquiescencia ha permitido la corrupción, la masificación de la violencia y el crecimiento desmedido del crimen organizado, que actualmente controla vastos territorios del país desplazando al Estado de derecho.

Desconocemos si esta situación es la que ha dado pie a generar acciones de mano dura y autoritarias para combatirlo pero, en todo caso, reafirmamos la convicción en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, apostando por superar esta crisis de violencia con más derechos, más contrapesos y más rendición de cuentas, no con menos. El informe detalla que el riesgo de estos cambios sistémicos radica en abrir las puertas a un régimen autoritario que puede llegar a cristalizarse en una próxima reforma electoral, ahora en proceso, que bajo esta tendencia atente contra una representación política plural y efectiva.

Ante esta situación, y a efecto de que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos en materia de derechos civiles y políticos, instamos a que el Comité le solicite adoptar medidas concretas, verificables y con plazos definidos y razonables para implementar las siguientes recomendaciones:

1. Ley de Amparo y progresividad de derechos humanos. Revertir la reforma a la Ley de Amparo que limita la protección de los derechos humanos, mediante la presentación de una iniciativa legislativa respaldada por consultas públicas con personas expertas y sociedad civil, garantizando el principio de progresividad y fortaleciendo los mecanismos de defensa legal de la población.

2. Autonomía y contrapesos institucionales. Aprobar reformas que garanticen la independencia del Poder Judicial, las Fiscalías y el órgano garante de transparencia, mediante mecanismos claros de autonomía, procesos de designación transparentes y sistemas de rendición de cuentas, fortaleciendo los contrapesos democráticos y reduciendo riesgos de concentración y abuso de poder.

3. Rendición de cuentas de autoridades y partidos políticos. Establecer un marco legal que obligue a partidos políticos y autoridades a rendir cuentas a través de sistemas públicos de fiscalización e informes periódicos verificables, con el fin de reducir la discrecionalidad y corrupción política, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

4. Regulación militar en seguridad pública. Revertir la reforma constitucional y establecer un plan para el retiro paulatino del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la administración pública, estableciendo límites, requisitos, controles civiles y mecanismos de supervisión externos para prevenir abusos y militarización, y fortaleciendo a las fuerzas de seguridad civiles.

5. Derechos humanos y fuerzas armadas. Implementar protocolos obligatorios de derechos humanos para las fuerzas armadas, junto con mecanismos civiles de supervisión y transparencia presupuestaria y operativa, garantizando el respeto a la legalidad, la seguridad pública y el control democrático sobre la función militar.

6. Prevención de tortura y supervisión penitenciaria. Establecer mecanismos independientes de supervisión, monitoreo, indicadores de evaluación y reportes periódicos para vigilar el cumplimiento de obligaciones penitenciarias y de prevención de la tortura, fortaleciendo el control público y la transparencia en centros de detención de todo tipo.

7. Cooperación internacional en desaparición forzada. En el marco del Artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formalizar acuerdos de cooperación con el Comité contra la Desaparición Forzada y a la Asamblea General de Naciones Unidas estableciendo mecanismos extraordinarios independientes que informen de manera periódica a las partes, para fortalecer las obligaciones del Estado en materia de prevención, atención y justicia para víctimas y garantizando el cumplimiento del artículo 34 de la Convención.

8. Eliminación de prisión preventiva oficiosa. Eliminar del marco constitucional la prisión preventiva oficiosa, reducir sustantivamente el uso de prisión preventiva en todas sus modalidades mediante reformas legales y administrativas, y mejorar condiciones penitenciarias para garantizar el debido proceso y el respeto a la dignidad de las personas detenidas.

9. Protección de datos personales. Garantizar la protección de datos personales mediante controles judiciales estrictos, protocolos de manejo de información y sanciones claras ante abusos, fortaleciendo el derecho a la privacidad y la confianza ciudadana en el uso responsable de información pública y privada.

10. Participación de la sociedad civil. Crear un andamiaje legal e institucional que garantice la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables, fortaleciendo la democracia participativa y la inclusión social.

11. Política migratoria con enfoque humanitario. Reformar la política migratoria para incorporar un enfoque humanitario y de derechos humanos mediante la participación directa de personas migrantes y organizaciones especializadas en todo el proceso de diseño e implementación, asegurando la protección integral de esta población.