Infiltró gobiernos mafia Rumana en Quintana Roo y estuvieron bajo la protección de Roberto Borge

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga lavado de dinero de “El Tiburón” Florian Tudor a través de contratos otorgados por gobiernos estatales; secretarías de Estado y hasta el Banco de México

La mafia rumana que encabeza Florian Tudor lavaba dinero por medio de contratos de obras y la prestación de bienes y servicios a los gobiernos municipales, estatales y dependencias federales en todo el país por medio de 11 empresas dedicadas a diversas actividades en apariencia lícitas.

Información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que al menos 11 empresas vinculadas a “El Tiburón” Florian Tudor habrían ganado licitaciones públicas en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Nayarit, entre otras entidades.

Otra de las entidades en las que se buscó la participación de la mafia rumana fue el Banco de México y la Secretaría de Turismo federal, a la que se solicitó información relacionada sobre las empresas Top Life Servicios S. de R.L.de C.V.; D&D Events S. de R.L. de C.V.; Intaller S. de R.L. de C.V.; Intacarrent S.A. de C.V.; Brazil Money Exchange Centro Cambiario S.A. de C.V.; Inmobiliaria Investcun S.A. de C.V.; Mexrou Comercializadora S. de R.L. de C.V.; Alto Mundo Gym Technology S. de R.L; Kep Gadgets S.A. de C.V; RLU Services México S. de R.L. de C.V; Seven Business S.R.L.; y Seven Residense SRL.

Fueron cientos de peticiones de información que el personal de UIF ha solicitado a los gobiernos municipales, estatales, secretarías de Estado Federales, así como entidades económicas y financieras, en busca de funcionarios públicos que habrían participado con los integrantes de la mafia rumana descubierta en Quintana Roo.

Las investigaciones revelan que los rumanos habrían extendido sus tentáculos hacia otras actividades para blanquear dinero, pero también para beneficiar a funcionarios involucrados en sus actividades ilícitas.

Como se recordará la investigación sobre el grupo criminal liderado por rumanos radicados en México, especializado en saqueo de cajeros automáticos (skimming) y fraudes con tarjetas de crédito, ha revelado detalles sobre el modus operandi del grupo, lo que incluye una red de alianzas políticas.

En febrero pasado, una investigación conjunta del FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México permitió congelar cuentas sospechosas de pertenecer a rumanos.

Según la UIF, las sustanciales ganancias de la organización en todo México incluyen operaciones por 23 millones de dólares dentro del país, transferencias internacionales por valor de 24 millones de dólares y cheques y transferencias interbancarias por el colosal valor de 231 millones de dólares.

En total, la denominada “banda de la Riviera Maya” ha robado unos 1 mil 200 millones de dólares en los últimos cinco años.

Días después de retener las cuentas, las autoridades federales anunciaron presuntos vínculos entre Florian Tudor alias “El Tiburón”, ciudadano rumano que lidera la banda, y una amplia red de protección formada por políticos mexicanos, entre los que se encuentran exgobernadores del estado de Quintana Roo, legisladores de la nación y alcaldes de ciudades cercanas a Cancún.

Hay que recordar que Florian Tudor manejaba una imagen más allá de un empresario en Quintana Roo.

La fortaleza de “El Tiburón” son sus relaciones en las altas esferas políticas de todos los partidos políticos

Si bien la red de la mafia rumana tardó cinco años en constituirse al amparo de los gobiernos municipales de Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen, no se descarta que paralelamente creció en otras entidades.

Por eso es que los nombres de los exgobernadores Félix González y Roberto Borge resuenan actualmente en el expediente dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto.

El papel de los exmandatarios era proteger esa mafia, a través de los aparatos oficiales: Secretaría de Gobierno, Procuraduría de Justicia del estado (Hoy Fiscalía) y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

Bajo estas tres dependencias, Florian Tudor tenía impunidad de norte a sur en Quintana Roo. Podría desplazarse con hombres armados, transportar cantidades de dinero de un municipio a otro, sin ningún contratiempo. En todo momento era protegido.

Sin embargo, para el presunto delincuente no bastaba con la impunidad, ya que debía tener mayor alcance para movilizar un negocio calculado en 200 millones de dólares al año, a través de estafas en cajeros automáticos para turistas.

En la actualidad, la UIF investiga si estos mismos esquemas de protección y de facilidades para lavar dinero se repiten en otros municipios y estados del país, en las que se involucran organismos y secretarías de Estado.

Fuentes de la UIF revelan que al menos 11 empresas vinculadas a “El Tiburón” Florian Tudor operarían en en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Nayarit, entre otras entidades.

Incluso, esta posibilidad abrió el apetito de los periodistas y organismos de investigación privada que han hecho sendas solicitudes a los organismos de transparencia de los estados mencionados, especialmente para conocer información sobre la posible participación de las empresas viculadas a la mafia rumana.

En las peticiones se pide información sobre la participación de las empresas en licitaciones sobre la prestación de bienes y servicios. Estas empresas son: Top Life Servicios S. de R.L. de C.V; D&D Events S. de R.L. de C.V; Intaller S. de R.L. de C.V; Intacarrent S.A. de C.V; Brazil Money Exchange Centro Cambiario S.A. de C.V; Inmobiliaria Investcun S.A. de C.V; Mexrou Comercializadora S. de R.L. de C.V; Alto Mundo Gym Technology S. de R.L; Kep Gadgets S.A. de C.V; RLU Services México S. de R.L. de C.V; Seven Business SRL; y Seven Residense SRL.