Infame inflexión “abrazos, no balazos”, siguen los muertos

. BLAS A. BUENDÍA. ……………………………..

A Andrés Manuel López Obrador se le debe iniciar un juicio de procedencia encaminado a categorizar el juicio político para removerlo de la Presidencia de la República, antes de que se vaya a radicar a su rancho “La Chingada”, esto, para que vea lo que se siente, de cómo va a dejar a la nación totalmente destrozada y crispada porque los mexicanos ya no se ven como hermanos, sino como auténticos enemigos, en medio de un estado de terror.

“A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, enunciado presidencial que agitó el avispero del narcotráfico, poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque… ¡López Obrador sigue representando un peligro para México!, con el antecedente que se transformó no solo en un fratricida confeso en su juventud, sino en un genocida serial como Presidente de México.

Consciente que su gobierno convirtió a México en una República Bananera, de hecho, estos rasgos han sido invocados para calificar como “repúblicas bananeras” a países de Europa del Este o del Asia Central tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, países en que se cree ver los mismos rasgos de las repúblicas de América Central a inicios del siglo XX.

Insistiendo que el señor López no tiene recato alguno para trazar una línea política del desastre con su frasecilla “A mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, fue otra de sus ocurrencias que como alcahuete, el Congreso ni pio dijo para meterlo en cintura de once varas, y ejecutarle la máxima, que es la ley para deponerlo como Presidente de México. A los de Morena les temblaron las corvas, ante la connivencia militar.

Se debe considerar que el juicio político es un proceso de sentencia al que se somete a un funcionario de alto rango al que se le acusa por diversos delitos que se consideran graves. Este juicio solamente podrá ser realizado por el Senado o una figura homóloga. Si en el juicio se encuentra al acusado como culpable, éste deberá ser removido de su cargo, incluso, para ya nunca más volver a ejercer algún puesto en el sector público.

En México, el juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan la Cámara de Diputados, como órgano de acusación, y la Cámara de Senadores, como órgano de sentencia.

Asimismo, la figura jurídica del llamado “Juicio de Procedencia”, éste es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos que hayan cometido algún gravoso delito que amerite quitarlo de su cargo oficial, que para el “Señor Presidente”, ni siquiera le inquieta por tener bajo su control, la mayoría parlamentaria que posee Morena en el Congreso.

En este procedimiento jurídico, la Cámara de Diputados emite la declaración de procedencia pero no juzga, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, arrestado y posiblemente encarcelado si el delito lo amerita.

La Cámara de Diputados tiene que valorar en cada caso, entre el deber de proteger la autonomía de los poderes del Estado y su debido funcionamiento, y evitar la impunidad de un delito cometido por un servidor público que goza de fuero constitucional. El juicio de procedencia se tramita y resuelve por la Cámara baja.

En todo esta complejidad, se suma lo que se le llama “Seguridad Nacional”, para lo cual, para el Ejecutivo federal tampoco le es un impedimento, sobre todo porque sabe que a México lo condujo —como sus calzones manchados— “de lo que tú ya sabes…”, sin que nadie le finque responsabilidades jurídicas, sino por el contrario, le aplauden sus paleros por sus siniestras actitudes muy propias de un fascista.

Es por ello que la expresión “República Bananera” se utiliza para describir un país que es considerado políticamente inestable, empobrecido, atrasado y corrupto, cuya destreza le ha salido a la perfección al “ciudadano” López Obrador, al grado de hacer caer a México, en una espiral de descomposición social.

Ese tipo de países suelen tener economías dependientes de unos pocos productos de escaso valor agregado, simbolizados por las bananas. Además, son gobernados por dictadores legitimados de manera fraudulenta o juntas militares, o están sometidos a la hegemonía de empresas extranjeras mediante sobornos o el ejercicio del poder financiero.

Si bien es cierto que el político tabasqueño se ha esmerado en destruir todo lo que tiene a su alcance hasta pulverizar propiamente lo que es el Estado democrático, en el plano geopolítico, a México lo ven como un “país indígena”, donde desde su presidente hasta el ciudadano común, se lo imaginan que sus habitantes aun visten taparrabos sujetados por un cinturón, luciendo una pluma azteca en sus cabezas, guaraches enlodados y desgastados, haciendo gala al primitivismo. En fin…

En materia de seguridad nacional, el todavía presidente López Obrador fincó su régimen con el resplandor del narcotráfico, toda vez que éste estableció con base a la política de “balazos sin abrazos”, una enorme inseguridad en las capitales de los 32 estados que conforman la federación, en gigantescos centros de reclusión aleatorios, ensombrecidos con el amplio poder de facto de los barones del tráfico de estupefacientes.

Por ejemplo, policías estatales y municipales carecen de equipo básico, no cuentan con seguro médico y de vida, lo que repercute en la seguridad de los ciudadanos, al volverse omisos ante toda emergencia.

El periodista Andrés Estrada, describió en los primeros días del mes de enero del año 2024, una serie de historias que han dejado helada a toda la sociedad.

Es la mañana de un día cualquiera en un municipio de Zacatecas, un policía es bajado a la fuerza de su patrulla y subido a otro vehículo mientras los pobladores sólo observan, pero callan. Acciones muy parecidas a las películas policiacas de Hollywood.

Días atrás (ese polizonte) había detenido a un sujeto dedicado al “cobro de piso”, que intentaba amedrentarlo y amenazarlo con el cuento de pertenecer a un cártel.

Aun así, el gendarme lo pone a disposición del MP junto con varios fajos de billetes y radios de comunicación. Sin embargo, un par de días después sale libre. Luego viene el levantón en contra del policía que solo cumplía con su servicio de abatir a la delincuencia…, pero no todo termina ahí.

El malandrín lo acusa de quedarse con una fuerte suma de dinero que no corresponde a la asegurada. Mentira. Mientras es retenido, un jefe de plaza lo cuestiona. El uniformado le da detalles de que antes de la detención hubo otro vehículo involucrado con más personas.

Entonces, el líder criminal duda de su subordinado, así que envía a otros sujetos a investigarlo y encuentran la suma faltante. Es así como le perdonan la vida y es liberado 24 horas después. Con el paso de los días se entera que su corporación no emitió ninguna orden de búsqueda o rescate, prácticamente lo abandonó a su suerte y a merced de los bandoleros.

Una historia similar ocurre a más de 1,500 km de ese sitio, propiamente en la frontera de Nogales, Sonora. En sus casi tres décadas de servicio, el policía municipal Edgardo Rosales, ha detenido a secuestradores, sicarios y ha hecho aseguramientos de droga. También ha sido amenazado por la delincuencia organizada. Pero todo cambia cuando se da un enfrentamiento armado contra el crimen organizado, resultando herido.

Son meses de incapacidad. En su corporación no le brindan el debido apoyo de protección ante posibles represalias, e inexplicablemente “sus jefes” le retiran su arma de cargo. Por fortuna nadie atenta contra él.

Al regresar a su servicio de policía de carrera, opta por apartarse de la operatividad y pide un punto fijo, porque tiene plena conciencia “no vale la pena arriesgar su integridad ante el abandono institucional”, mucho menos por el bajo sueldo y que su familia quede desprotegida si muere, como las de otros compañeros a los que a sus familias no les dieron un sólo peso.

Ellos, al igual que agentes de Jalisco, Estados de México, Zacatecas, Sonora y la Ciudad de México, narran las raquíticas condiciones en las que laboran y exponen el abandono del Estado en que se encuentran las policías de México.

No cuentan con el armamento adecuado y balas para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia común. Están en desventaja porque los narcos están mejor armados, y aun así, tienen el descaro de ser protegidos por los Altos Mandos, nadie dice nada, ¡y cuidado que surja algún chivatón!

Esos policías honestos, continuamente son amenazados por sus labores, y al estar fuera de servicio son asesinados. Carecen de seguros médicos y de vida. Reciben sueldos raquíticos, casi miserables. Son castigados injustificadamente a través de los arrestos y removidos cuando resultan incómodos para los intereses de los mandos, es decir, destituidos, y si comprueban que fue injusto, es imposible que sean restituidos.

Y todavía hay algo más. Al retirarse después de décadas de servicio tienen trabas para jubilarse, si es que cuentan con ella, o si mueren en el servicio también a sus familiares les ponen trabas si disponen de algún seguro de vida.

Un panorama más profundo de lo que ocurre con los agentes del orden es la investigación del libro "Policía CDMX Héroes y Demonios”, donde puntualiza sobre cómo los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se enfrentan a tres fuegos: la delincuencia, las autoridades que los rigen y la misma ciudadanía. Un contexto que se extrapola a las policías a nivel nacional.

En el documento, se describe cómo los jefes y mandos extorsionan a sus subordinados para que puedan trabajar, tener una patrulla, una motocicleta o un uniforme a su medida; les cobran por las balas que usan o para arreglar su armamento; para no ser enviados a los peores servicios y para no ser arrestados; las mujeres policías padecen la violencia de género acosadas por compañeros y jefes (calenturientos); los obligan a fabricar delitos… la lista es absurdamente interminable.

Ante este abandono y abuso al interior delas corporaciones, los resultados son desastrosos para la seguridad de México, ya que son incapaces de brindar la protección a los ciudadanos o se vuelven omisos ante cualquier emergencia.

El gobierno ha caído en incumplimiento en esa búsqueda de nuestra policía profesional, asegura Nelly Félix, presidenta del Frente Responsable Operativo A.C. (Froac), con sede en el estado de Sonora.

Sobre el particular, revela: “El policía que no está siendo eficaz en su desempeño, no está teniendo un buen servicio público y no nos está dando seguridad es porque no tiene seguridad”.

Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), explica que todo este contexto proviene desde que algunos están en la academia de policías, donde los adoctrinan de que “deben ser héroes y buenos policías” independientemente de sus condiciones laborales y maltrato al interior: “Para que cuando salgan no cuestionen y si no están dotados con el equipo suficiente, entren al sistema de corrupción, y si no, disimular en sus funciones y trabajar lo menos posible”.

“Hay que darle seguridad a tus elementos para que puedan dar seguridad a la gente”, narra un policía municipal de Zacatecas, una entidad azotada por la violencia y donde hace un par de años algunos territorios se quedaron sin policías. Renunciaron ante el abandono e incertidumbre laboral que se enfrentan cotidianamente los policías.

A este abandono se suma la colusión de los directores o jefes de la policía con el crimen. “En estos tiempos todos los mandos están puestos por la delincuencia. Entonces al policía lo tienen con las manos amarradas, con los ojos vendados y con la boca tapada, y es muy difícil que un elemento brinde seguridad cuando no la tiene ni él mismo”, expone un policía de Nogales, Sonora, que ha preferido no dar su nombre por seguridad.

Carentes de equipo básico. Bertha es una mujer policía de El Salto, Jalisco. Antes de dar detalles sobre su vida repite que no se mencione su nombre real, ante las posibles represalias de sus jefes.

Hace algunos años tuvo un accidente en su patrulla que le dejó secuelas, pero eso no es lo peor, denuncia que en su corporación no cuentan con un seguro de vida y menos el médico, para atenderse de cualquier contingencia, deben acudir a la Cruz Verde de su comunidad.

Medicamentos no hay, hay que comprarlos. Incapacidades jamás. Aquí no tenemos derecho a enfermarnos. No contamos con un seguro de vida, con seguro social y menos tenemos una prestación.

Edgardo Rosales dice que tienen un servicio médico deficiente: “Tenemos un seguro de vida muy raquítico de 185 mil pesos, que la verdad a mí me parece una burla, tratándose del riesgo laboral que lleva uno”. Y si se desea contratar un seguro externo por su cuenta: “No hay ninguna aseguradora que lo cubra, por los riesgos no aseguran a los policías porque son servidores públicos que en su trabajo deben usar armas”.

Nelly Félix lo resume: “Sus instituciones no les cumplen con la protección a sus derechos humanos”.

Para empezar que no tengan servicio médico, que existan policías municipales y estatales que estén teniendo problemas para jubilarse; que no tengan el respaldo de su institución para hacer un trámite administrativo de pensión, con alguna enfermedad en accidente de trabajo o que no tengan un seguro de vida. Son derechos que tienen establecidos en la Ley Nacional de Seguridad Pública y en sus leyes respectivas estatales.

Juan Lomelí, policía de Zapopan, Jalisco, y presidente de la Asociación Profesionales en Proximidad Social Jalisco, cuenta que donde labora los elementos sí tienen buenos uniformes, unidades, equipo y buen sueldo. Sin embargo, en otros municipios del estado, no tienen esas garantías.

“Si nos vamos a otros municipios más pobres, nos damos cuenta que no les dan uniformes. Traen por ahí una camiseta de esas interiores nada más estampada con el logotipo de seguridad pública, no les dan botas. Las armas son de pésima calidad. Los horarios son extendidos (48 horas o más)”.

Una muestra es la condición de Bertha y sus compañeros: “No nos dan uniformes, hay que comprarlo. No nos dan botas. Andan unos pobres (compañeros) con el pantalón azul marino que ya es gris de que ya se acabó. Los gastos van desde 800 pesos para un pantalón; 600 la camisa, pero a veces sólo compra una playera azul marino lisa y le estampa los logotipos de la policía. Y los sueldos, no se diga, sumamente raquíticos”.

La fuerza laboral de Policías y Agentes de Tránsito durante el segundo trimestre de 2023, existe escases de personal, cuyo salario promedio mensual es de 6 mil 780 pesos, trabajando alrededor de 62.6 horas a la semana, según se exhiben los datos en el portal Data México del Gobierno Federal.

Al igual, el presidente de la Asociación Profesionales en Proximidad Social, Área Jalisco, denuncia que no hay un sistema de pensiones: “Hasta donde recuerdo, de los ciento veintitantos municipios de Jalisco, como 20 están incorporados a pensiones del Estado. Hay policías que han tenido que demandar a sus municipios para obligarlos a que los pensionen”.

Enfrentar al crimen sin balas. “Nosotros como policía municipal no tenemos la fuerza para combatir el crimen, nunca la vamos a tener, ni siquiera el Estado tiene la fuerza”, se sincera un policía municipal de Zacatecas.

En el municipio de Florencia de Benítez, en esa misma entidad, otro policía municipal recuerda que en una ocasión les reportaron un enfrentamiento entre dos cárteles rivales, pero al verse superados en armamento y gente, optaron por no acudir a la emergencia, incurriendo en la Omisión de Estado.

En municipios chicos de Jalisco ocurre lo mismo, explica Juan Lomelí: “Están muy limitados en armas. Todavía estamos hablando de (que usan) revólver, trae cinco cartuchos. Las corporaciones de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque ya nadie trae revólver, ya son armas de 15 cartuchos mínimo por cargador. Eso cuenta mucho para la defensa y protección. El riesgo es que ante un enfrentamiento, cuando el delincuente apenas va en 1/3 de su capacidad de cartuchos, tú ya te acabaste los tuyos”.

El uso de este armamento obsoleto, dice, implica que son fracciones de segundo lo que se necesita para que salgan ilesos o cuando menos con vida.

La presidenta de Froac, Nelly Félix continuamente viene denunciando que no cuentan con las herramientas necesarias como balas, un equipo de radiofrecuencia o una patrulla en buen estado mecánico, que no sólo es de utilidad para ellos, sino para la sociedad, para que sean más eficaces en una llamada de auxilio: “Son pequeños detalles que hacen un gran daño a la seguridad pública”, alerta.

René es un policía estatal del Estado de México que también ha sido amenazado por líderes del crimen organizado en Naucalpan. La capacitación que le dan es insuficiente, ante esto él y sus compañeros tomaron la iniciativa por adquirir cajas de cartuchos y buscar espacios para poder ir a practicar tiro. “Hay personal que llevaba como dos años sin tirar o hasta tres”, platica mientras pide que se cambie su nombre.

En el Salto, Jalisco, Bertha detalla que ocurre lo mismo: “Hay policías que tienen cinco, seis años y no los han mandado a ni a una capacitación”. Ahí las prácticas de tiro son cada dos años y medio, pero “son nada más de 20 a 40 cartuchos (que se disparan); hay elementos que le tienen nervios al arma. Nosotros los que somos viejos aquí, tenemos más conocimiento porque antes íbamos a practicar más seguido”.

Morir en el desamparo. Días antes de que un comando armado ingresara a su casa en Jalisco, el policía Gerardo Martín recibió varias amenazas telefónicas cuando era escolta de un alto funcionario. Eso fue en 2020. Lo desaparecieron. Poco más de dos años después, una llamada de las autoridades sorprendió a su esposa. Los restos de un cuerpo desmembrado hallado en una fosa clandestina en 2021 coincidían con el ADN de Gerardo.

“Tristemente se va pensando que deja bien a su familia. ¡Qué sé que tienen los seguros de vida, que tienen las prestaciones y todo, pero realmente no es así!”, se queja su esposa Anel Cuevas.

Su duelo ha sido un batallar de trámites y burocracia tras el levantamiento y hallazgo de los restos de Gerardo, y no ha recibido un sólo peso de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Pero no es la única. “Me han comentado viudas que han batallado con los trámites, pero lo sacan. Nosotras que nos desaparecen a nuestros esposos, y que yo por ejemplo afortunadamente que lo encontramos no para ahí el viacrucis. Tengo dos meses yendo todos los días a las oficinas de su trabajo y me dice: ‘Este trámite no lo hacemos nosotros’. ‘Vete para tal calle’. Me voy para tal calle y no. Así me traen”, lamenta finalmente la viuda del agente.