Incrementan penas delito de despojo, actos jurídicos suplantación identidad

El Congreso capitalino aprobó incrementar la pena mínima del delito de despojo de 5 a 6 años y la máxima de 10 a 11 años y 200 mil UMA de multa a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral, y se aumenta de 7 a 11 años si se comete en contra de persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a comunidad indígena.

Además, se adicionan como métodos de comisión, la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, y se sancionará a quien mantenga la ocupación del inmueble tras ser requerido por alguna autoridad.

Para ello, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal, del Código Civil, de la Ley Registral y de la Ley del Notariado, todos de la Ciudad de México, en materia de prevención del delito de despojo, a iniciativas presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina y el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN).

Al fundamentar el dictamen aprobado a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, la congresista María del Rosario Morales Ramos (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) puntualizó que “el despojo es arrebatarle a una persona el hogar donde construyó su historia, la tierra que le heredaron sus padres”, situación que deja a quienes son victimas de este delito, en la indefensión.

Agregó que, para atender de raíz esta situación, la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, instaló el Gabinete de Seguridad que ha permitido devolver 196 inmuebles a sus legítimos propietarios y asegurar 265 inmuebles.

Estas reformas normativas “servirán reforzar el marco jurídico, de actuación de las autoridades responsables, y para seguir combatiendo este lamentable delito que golpea en lo más profundo de las familias”, aseveró.

Al razonar su voto, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) dijo que esta reforma es una respuesta firme a una problemática que ha lastimado a un sector desprotegido de la sociedad; y busca prevenir y sancionar con mayor eficiencia el delito despojo, violencia patrimonial que padecen cientos de personas en la capital, mediante documentos falsos, el uso de la fuerza o intimidación, lo cual les arrebata la paz, seguridad y dignidad.

La legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) expresó que este dictamen refuerza el marco jurídico para prevenir y sancionar el delito de despojo en la CDMX, especialmente de las familias vulnerables, “es una forma concreta de garantizar derechos humanos, justicia social y seguridad para todas y todos.

El despojo es más que un delito patrimonial, es una herida profunda a la dignidad de las personas, significa arrebatarle su hogar, su espacio vital y su tranquilidad que fueron fruto de su esfuerzo”.

El legislador Israel Moreno Rivera (PVEM) mostró su apoyo y reconocimiento a la jefa de Gobierno por su trabajo para la regulación de estos temas. Reconoció que los niveles de despojos han aumentado en estos últimos años, y señaló que esta reforma será de gran utilidad para las personas que buscan proteger su patrimonio.

El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) agradeció que se haya incluido la propuesta de su grupo parlamentario para sancionar con más dureza este delito y brindar certeza jurídica al patrimonio de la población, ante el incremento de este ilícito, ya que en los últimos 7 años se llegó a 29 mil carpetas d investigación, “estamos hablando que se cometen 12 despojos al día en esta ciudad”.

Por su parte, el congresista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) aseveró que esta reforma es fundamental para la protección del patrimonio de quienes habitan en la capital, además, fortalece la prevención y sanción del delito de despojo de bienes inmuebles que afecta a sectores vulnerables de la sociedad como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.

Al señalar que se da un paso importante en la defensa de las familias capitalinas

ante una de las formas más crueles de violencia patrimonial, la congresista Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) indicó que sólo en los primeros siete meses de 2025 se han abierto 2 mil 245 carpetas; y sólo el uno por ciento de las 21 mil que existen, han sido judicializadas. “Nosotros hemos acompañado a más de 47 víctimas sin que hayan podido encontrar empatía y justicia; su lucha seguirá siendo la nuestra hasta que los culpables paguen”.

La legisladora Valeria Cruz Flores (MORENA) indicó que estas reformas representan una respuesta firme, necesaria y oportuna frente a un fenómeno que por años ha violentado la legalidad y seguridad jurídica patrimonial, la estabilidad social y la confianza ciudadana en las instituciones. Añadió que, en muchas ocasiones “despojar una casa equivale a arrancar la historia de una familia o a romper la esperanza de quien construyó un patrimonio con esfuerzo y sacrificio”.

Finalmente, la congresista Tania Nanette Larios Pérez (PRI) celebró los avances para controlar estos delitos a través del dictamen aprobado, e informó que se han recuperado más de 265 inmuebles por este delito, pero únicamente se han devuelto a los propietarios 192 viviendas, por lo que señaló que hay mucho por hacer para recuperar y garantizar la restitución a las familias en esta ciudad.