Impulsó Senado reformas para reducir inseguridad en México

La Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, afirmó que, con la emisión y actualización del marco normativo, el Senado de la República ha encaminado sus trabajos para atender las demandas de los ciudadanos que legítimamente piden la reducción de la inseguridad en el país.

En su Informe Final de Actividades, los integrantes de este órgano legislativo destacaron que están comprometidos para atender estos reclamos, por encima de cualquier visión partidista y anteponiendo el interés superior de todos los habitantes de México.

 “Sabemos que siempre habrá áreas de oportunidad, ante una sociedad dinámica, en permanente cambio, y la complejidad de la maduración operativa de la norma y sus resultados”.

 Subrayaron que las manifestaciones de inseguridad se han presentado de diversas maneras y que mutan con el tiempo, de ahí el reto de contar con un marco normativo que atienda a las constantes y variantes de estas manifestaciones, en un país altamente diverso.

Entre los proyectos aprobados por las y los integrantes de la Comisión están las reformas para mitigar los riesgos a la seguridad nacional, limitar el uso y circulación de sustancias químicas, específicamente aquellas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación directa o indirecta de armas químicas.

 De igual forma, se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la creación y operación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes.

 Las y los senadores también aprobaron los informes que presenta el Ejecutivo Federal de las actividades que desarrolla la Guardia Nacional.

 En la LXV Legislatura se avalaron modificaciones para incorporar la representación de los municipios al Consejo Nacional de Seguridad Pública y generar políticas públicas encaminadas a erradicar y combatir los delitos desde la primera esfera gubernamental.

 Entre otros temas, se aprobaron reformas para que la Federación, los estados y los municipios generen protocolos de Actuación de Primer Respondiente, es decir, regulaciones a los protocolos de autoridades que llegan primero al lugar de los hechos delictivos.

 Además, se impulsaron cambios para que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública cuenten con las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de los primeros treinta días a su contratación. Y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno procuren reconocer el derecho a la pensión por jubilación a los miembros que hayan cotizado por 20 años de servicio.

 En el informe de actividades se señala que es fundamental hacer una revisión permanente del marco jurídico, a fin de contar con mejores normas e impulsar su correcta aplicación por el área Ejecutiva del Estado, mediante una estrecha coordinación.