Impulsan reforma para garantizar infraestructura urbana accesible

Con el objetivo de fortalecer las atribuciones de las 16 alcaldías en materia de accesibilidad en los espacios públicos, el Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso capitalino impulsa una reforma legislativa que permita a las demarcaciones garantizar infraestructura urbana accesible. En la Sesión Ordinaria de este jueves, la diputada Yolanda García Ortega presentó -a nombre de sus compañeros de bancada- una iniciativa para adicionar el Artículo 10 Bis a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México.

Desde la tribuna, explicó que la propuesta busca establecer, de manera expresa, la responsabilidad de las alcaldías en la implementación, supervisión y mantenimiento de rutas accesibles, así como en adecuaciones de infraestructura bajo criterios de diseño universal.

“Hablar de accesibilidad no es hablar únicamente de rampas, banquetas o señalización. Hablar de accesibilidad es hablar de derechos, de igualdad y de dignidad humana”, puntualizó la representante popular. Subrayó que las condiciones del entorno no deben convertirse en obstáculos para la participación plena de las personas en la vida comunitaria.

Al respecto, expuso que si bien la capital ya cuenta con un marco jurídico en materia de accesibilidad, todavía persiste un vacío sobre las atribuciones operativas específicas de las demarcaciones para hacer efectivas estas responsabilidades.

En ese contexto, resaltó la importancia de que las alcaldías cuenten con mayores atribuciones para que sea posible mejorar banquetas, incrementar el número de rampas en los espacios públicos, contar con la señalización adecuada, y eliminar obstáculos en las rutas peatonales y cruces viales.

Esto, agregó, para que la población cuente con infraestructura urbana que garantice su seguridad y accesibilidad, en particular de las personas con alguna discapacidad o movilidad limitada; adultos mayores, mujeres embarazadas y personas gestantes, así como menores de edad.

García Ortega subrayó que la propuesta no debe entenderse como una reforma dirigida exclusivamente a un sector de la población, sino como una medida para avanzar hacia una ciudad que funcione de manera incluyente.

Al concluir su intervención ante el Pleno Legislativo, la Mesa Directiva informó que la iniciativa sería turnada a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para su análisis y dictaminación.