Impulsan protección para beneficiarios de programas sociales constitucionales

Para garantizar la protección a los derechos de beneficiarios de programas sociales constitucionales, principalmente adultas y adultos mayores, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, frente a prácticas indebidas por parte de las instituciones financieras.

El dictamen parte de una iniciativa presentada por el diputado morenista Paulo Emilio García González, para adicionar un Artículo 60 Bis a dicho ordenamiento con ese objetivo. Al haber sido avalado por el Pleno Legislativo, será enviado por la Mesa Directiva al Congreso de la Unión para que siga su trámite legislativo.

A nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana subió a tribuna para presentar la fundamentación del dictamen.

Al respecto, señaló que esta reforma busca proteger a las y los beneficiarios de programas sociales constitucionales, como la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, de riesgos constantes de fraudes, cargos no reconocidos y retenciones injustificadas, que ponen en peligro su seguridad económica y patrimonial.

Explicó que la reforma está dirigida a subsanar vacíos legales en la Ley de Instituciones de Crédito y establecer reglas claras para que los recursos provenientes de dichos programas sociales sean inembargables, protegidos y entregados a las y los beneficiarios sin condicionamientos. Esto, agregó, permitirá garantizar que lleguen íntegramente a quienes más los necesitas sin que los bancos u otras instituciones puedan retenerlos por motivos ajenos a las reglas de operación.

“No se trata de eximir a la ciudadanía de sus responsabilidades civiles, sino de establecer con claridad que el patrimonio mínimo de subsistencia garantizada por el Estado es inviolable y debe permanecer protegido”, puntualizó.

Rangel Lorenzada precisó que, al administrar estos recursos, las instituciones financieras deben asumir una función de alta responsabilidad social, que en ningún caso puede confundirse con una posibilidad de utilizarlos como mecanismo para cubrir adeudos o saldos morosos.

En ese contexto, la legisladora recordó que ya existen diversas leyes que establecen que los recursos de los programas sociales deben ser inalienables, imprescriptibles e inembargables.