Hasta 20 años de prisión a familiares que cometan trata de personas, Alerta

En México, el 50 por ciento de los casos de trata infantil inicia en el entorno familiar; y hasta el momento nadie es castigado por lo que urgen un castigo ejemplar para tratar de frenar la explotación de menores.

La senadora Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el fin de aumentar las penas de 10 a 20 años de prisión cuando el delito sea cometido por un familiar de la víctima.

Guerra Mena dijo que la trata de personas es la “esclavitud moderna” y uno de los delitos más crueles que priva de su dignidad a millones de víctimas en el mundo, quienes son explotadas con fines sexuales, laborales, mendicidad forzada, servidumbre doméstica o extracción de órganos.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2016, de las cuales 24.9 millones se encontraban en situación de trabajo forzoso y 15.4 millones en matrimonio forzado.

En el caso de México, la senadora comentó que la ONU ha documentado que casi el 50 por ciento de los casos de trata de menores inicia en el propio entorno familiar, lo que agrava el impacto psicológico y social de las víctimas, pues quienes deberían protegerlos terminan siendo sus victimarios.

Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República reporta que en nuestro país, el 93 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y 26 por ciento son menores de edad. Además, el 45 por ciento son captadas por conocidos, lo que refleja la gravedad del problema cuando el círculo familiar se convierte en el primer eslabón de la explotación.

La legisladora advirtió que este fenómeno ha proliferado en municipios con altos niveles de pobreza, donde prácticas como la venta de niñas para matrimonios forzados o explotación sexual aún se mantienen. Asimismo, destacó que Guerrero es uno de los estados con mayor incidencia en turismo sexual infantil, lo que evidencia la urgencia de reforzar el marco jurídico.

Frente a esta situación, la ecologista subrayó que su iniciativa plantea que, además de las sanciones ya previstas en la ley, cuando exista vínculo de parentesco entre el agresor y la víctima, la pena se eleve a un rango de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta 30 mil días.

Guerra Mena dijo que la medida busca reforzar el marco legal frente a un delito que se ha convertido en el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo después del narcotráfico. “Con esta propuesta, el Partido Verde reafirma su compromiso de combatir la esclavitud del siglo XXI y proteger a las víctimas, especialmente a las más vulnerables”, indicó la senadora